“Toda persona tiene derecho a disfrutar de vivienda adecuada.”
Trasladar los derechos a acciones tangibles mediante el ejercicio público, siempre ha representado un esfuerzo perfectible. El artículo 4º Constitucional y los tratados internacionales de los cuales México forma parte, son el eje rector de las acciones que el Gobierno de México emprenderá durante el periodo 2024-2030, para llevar a cabo la materialización del derecho a la vivienda adecuada para los mexicanos.
El martes 21 de abril se aprobó en el Senado de la República una reforma a la Ley de Vivienda, que por primera vez incorpora los criterios de ONU-Habitat del Programa de las Naciones Unidas, para garantizar que la vivienda de los mexicanos sea un derecho humano tangible que otorgue bienestar y desarrollo social.
Son siete los criterios para una vivienda adecuada los que se han incorporado:
Seguridad en la tenencia: garantiza certeza jurídica sobre la vivienda, proporcionando certidumbre legal.
Disponibilidad de servicios e infraestructura:, asegura que la vivienda cuente con agua potable, saneamiento, energía y condiciones materiales adecuadas.
Asequibilidad: establece que el costo de la vivienda sea compatible con el ingreso, sin comprometer otras necesidades básicas.
Habitabilidad: exige condiciones seguras, saludables y con espacio suficiente para vivir dignamente.
Accesibilidad: implica que la vivienda sea adecuada para todas las personas, especialmente grupos en situación de vulnerabilidad.
Ubicación: señala que la vivienda debe estar cerca de empleo, servicios y transporte y fuera de zonas de riesgo.
Adecuación cultural: reconoce que la vivienda debe respetar las costumbres, identidad y formas de vida de sus habitantes.
El acceso a la vivienda adecuada ,considerando los elementos citados, requiere un esfuerzo de construcción de acuerdos y coordinación entre el sector público y privado a nivel nacional, estatal y municipal. Se debe conceptualizar a la vivienda como un derecho y no un negocio, por lo que los elementos que convergen en la planeación, la hechura y la ocupación de la vivienda, también son temas que se deben de poner en la mesa de discusión en todos los ódenes de gobierno, a través de instrumentos de una política pública con reglas claras y medición de avances.
El “Programa Vivienda para el Bienestar” plantea la construcción de 1.8 millones de viviendas como estrategia de atención para personas en situación de vulnerabilidad. Estos trabajos deberán de considerar las acciones necesarias para otorgar a la nueva vivienda los elementos para convertirla en un espacio para habitar que brinde cobijo y resguardo en el cual las personas tengan las condiciones para desarrollar una vida cotidiana que les permita convivir, trabajar y descansar dentro de un ambiente de paz y tranquilidad, y que a su vez genere condiciones de arraigo y de identidad. Es decir, apropiarse de un lugar y vincularlo con la cotidianidad de generar comunidad.
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En consecuencia, y como empezamos este texto, debemos trasladar los derechos a acciones tangibles mediante el ejercicio público, entendiendo que el Estado debe crear valor público, como un beneficio para la sociedad a través de acciones en favor del bienestar de las personas. Garantizar que la vivienda cumpla con los elementos adecuados la transforma en algo más que unas paredes y un techo; se convierten en un espacio activo que genera bienestar y valor público, mayor cohesión social y un real y decidido combate desigualdades territoriales.
