Las bases ideológicas de la Transformación
En 2018, nuestro proyecto comenzó y ahora ha logrado una victoria electoral crucial el 2 de junio, consolidando un consenso a favor de nuestra coalición. Más allá de la falta de una oposición fuerte, es esencial reflexionar sobre nuestras bases y logros, como haber sacado a 5 millones de mexicanos de la pobreza.
El proyecto, cuyas bases fueron establecidas desde el año 2018, logró obtener lo que necesitaba para su profundización: una victoria electoral para la presidencia, junto a una continuación en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y, sobre todas las cosas, la tan buscada mayoría calificada. No hay duda alguna de que el triunfo electoral del pasado 2 de junio simbolizó una consolidación de un sentido común que favorece a la coalición hegemónica. Y, si bien este fenómeno puede ser visto como una consecuencia de que el Estado mexicano careciera de una oposición digna, es necesario profundizar en las bases del proyecto de nación y sus resultados, pues son estos datos y lo que significan, tal como lo es el haber contribuido a sacar a 5 millones de mexicanos de la pobreza, los que nos dan un mayor panorama para la reflexión que hoy nos ocupa.
Para comenzar, es indispensable hacer un breve recuento de los principios ideológicos que han regido al gobierno en turno. Es sabido que esta escala de principios ha sido expuesta de manera discursiva, mediante una repetición continua y cotidiana de lo que podríamos llamar “postulados”: la austeridad republicana, la no tolerancia a la corrupción, la búsqueda de lo que se concibe como “Estado de Bienestar”, así como la premisa de “primero los pobres”. Son estos enunciados los que, en la práctica, se ven traducidos en una política redistributiva de la riqueza nacional que apunta a atender la base social para procurar un desarrollo de lo que son los “derechos sociales”. Una vez que hemos mencionado cuál es la base en esta materia, podemos seguir entonces con la profundización de la cuestión ideológica para situar al “obradorismo” en el espectro político.
En principio, es menester olvidar el mínimo tipo de reduccionismo, dentro del cual entra cualquier sinsentido como considerar que el triunfo de la coalición hegemónica significa “la instauración del comunismo” o “la llegada de Venezuela y Cuba al país”. Nuestra reflexión hará el mejor intento para no caer en superficialidades y llegar a una conclusión objetiva con respecto a la cuestión planteada. Una vez enunciado esto, podemos continuar. Como premisa principal, hemos de tener en claro que los valores que se pregonan del lado del partido en turno son parte del abanico de ideas de tinte socialdemócrata dentro de la teoría política: el desarrollo de un modelo económico-político que mantiene la estructura del Estado liberal y el modo de producción capitalista, buscando adaptaciones y reformas que abran las puertas a una mayor participación ciudadana, junto a una planificación estatal que funcione en favor de la inversión en sectores fundamentales de la economía para el desarrollo social.
La permanencia del modo de producción, y el que no se apunte a cambiarlo de manera sustancial, tomando en cuenta las medidas antes descritas, hace evidente que el programa del modelo actual es una transición hacia una forma de gestión en la que el capital parasitario es dejado de lado (capital que, por cierto, fue apoyado de manera inconcebible durante el periodo neoliberal) para brindar una mayor participación al capital nacional y productivo. Este fenómeno nos permite hablar de una base para una futura autosuficiencia y mayor soberanía como país, principios que también se exponen en el discurso del gobierno actual. Asimismo, dentro de este apartado entra una categoría fundamental: el ámbito fiscal. Es de nuestro conocimiento que la estrategia que se ha seguido en torno a este punto ha sido aplicar la legislación vigente, sin una aspiración a reformarla de manera inmediata. Esta perspectiva también ha sido sostenida por la virtual presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, al hacer mención de que su plan no postula la necesidad de una reforma fiscal para sus primeros años de ejercicio del poder. Sin embargo, dentro de la categoría de reformas de la coalición hegemónica se encuentran dos reformas constitucionales que sí se consideran cruciales y de suma importancia para el movimiento: la reforma al Poder Judicial de la Federación y la reforma al Instituto Nacional Electoral.
No es una sorpresa el que estos dos proyectos del gobierno hayan generado el grado de controversia que se ha visto en el debate público, pues son dos órganos que son fundamentales para el funcionamiento de una República liberal. Para nuestro análisis, podemos encontrar dos puntos en común entre ambas reformas:
- Una iniciativa de democratización de dichas instituciones.
- La desburocratización de ambos sectores al reducir el presupuesto que les es dedicado, entre otras medidas.
Sabemos que las críticas opositoras no han cesado y que han tenido un énfasis en el primer punto. De la misma manera, se han centrado en hacer una apología meramente discursiva de los principios de “autonomía, la división de poderes y los pesos junto a los contrapesos”. Sin embargo, la perspectiva que la mayoría de la sociedad ha forjado en torno a estas instituciones es una de desconfianza, y más hablando acerca del Poder Judicial, al concebir la justicia como algo muy ajeno a la práctica diaria de dicho órgano. Y, si bien podríamos continuar en el debate de si un órgano como el Poder Judicial debe permanecer ajeno al control popular y la rendición de cuentas, una cosa es verdad: hasta ahora, la impartición de justica en nuestro país es pésima, y la sociedad se siente vulnerable ante órganos de poder como el que venimos tratando, por lo que la medida de democratización puede hacer que el acceso a la justicia no se vea como algo exclusivo de unos pocos, sino como el derecho de todas y todos llevado a la práctica.
Retomando los puntos vertidos, podemos llegar a una conclusión: el proyecto de la Cuarta Transformación no aspira a una transición radical de izquierda en los órganos de poder, sino a ser un periodo en el que se incentive una mayor participación ciudadana en el ámbito político; ser un proyecto que favorezca las bases para el desarrollo social, tomando medidas y conceptos de la socialdemocracia, tal como el “Estado de Bienestar”. Todo para lograr la consolidación de un esquema nacionalista y popular en el Estado, que permita maximizar las potencialidades del Estado liberal sin modificarlo más allá de su casi plena democratización.