Ayer escuché a la presidenta Claudia Sheinbaum hablar de vivienda durante su Segundo Informe de Gobierno y hubo un dato que inevitablemente llama la atención: la meta es construir 1.8 millones de viviendas durante el sexenio.
668 mil ya están contratadas y 278 mil se encuentran en construcción.
Es muchísimo.
Y, sin embargo, mientras escuchaba las cifras pensaba que el verdadero reto empieza justamente después de poner el primer ladrillo.
Porque construir una casa es relativamente fácil. Construir una ciudad alrededor de ella es otra historia.
México ya aprendió esa lección.
Durante años construimos vivienda donde había tierra disponible, no necesariamente donde la gente necesitaba vivir. Aparecieron fraccionamientos cada vez más lejos de los centros de trabajo, de las escuelas, del transporte y, en algunos casos, hasta de los servicios básicos.
Teníamos casas.
Lo que no siempre teníamos era ciudad.
Por eso el nuevo impulso a la vivienda que presentó la presidenta me parece una oportunidad enorme, pero también una responsabilidad compartida.
El Gobierno Federal puede construir vivienda, otorgar créditos y corregir deudas. De hecho, uno de los datos que más me llamó la atención del informe fue que alrededor de cinco millones de créditos considerados impagables han recibido algún tipo de solución.
Eso cambia vidas.
Pero hay otra parte de esta historia que necesariamente tendrá que escribirse en los estados y, sobre todo, en los municipios.
Ahí se decide el uso de suelo.
Ahí se autorizan los desarrollos.
Ahí se planean las vialidades.
Y ahí se vive todos los días el crecimiento ordenado o desordenado de nuestras ciudades.
Si realmente queremos que este programa transforme la manera en la que vivimos, tendremos que hablar también de agua, movilidad, transporte público, escuelas, parques, seguridad y servicios.
Porque una vivienda barata puede terminar siendo muy cara cuando obliga a una familia a pasar tres horas diarias trasladándose.
Y una casa nueva deja de ser una buena noticia cuando alrededor no hay agua suficiente, transporte o una escuela cercana.
Ese es el reto que viene.
No solamente alcanzar la cifra de 1.8 millones de viviendas, sino conseguir que esas viviendas formen parte de comunidades donde valga la pena vivir.
Hay algo especialmente poderoso en una política pública que termina convirtiéndose en unas llaves.
Para quien nunca ha tenido una casa propia, recibirlas significa mucho más que convertirse en propietario.
Significa certeza.
Significa patrimonio.
Significa poder decir: esto es mío y de aquí nadie me mueve.
Por eso vale la pena que la vivienda vuelva a ocupar un lugar importante en la conversación pública.
Pero también vale la pena hacernos una pregunta incómoda mientras comienza este enorme esfuerzo de construcción:
¿Estamos construyendo casas o estamos construyendo mejores ciudades?
Ojalá dentro de algunos años podamos decir que hicimos las dos cosas.
Las casas no se construyen solas
Ayer escuché a la presidenta Claudia Sheinbaum hablar de vivienda durante su Segundo Informe de Gobierno y hubo un dato que inevitablemente llama la atención: la meta es construir 1.8 millones de viviendas durante el sexenio.
668 mil ya están contratadas y 278 mil se encuentran en construcción.
Es muchísimo.
Y, sin embargo, mientras escuchaba las cifras pensaba que el verdadero reto empieza justamente después de poner el primer ladrillo.
Porque construir una casa es relativamente fácil. Construir una ciudad alrededor de ella es otra historia.
México ya aprendió esa lección.
Durante años construimos vivienda donde había tierra disponible, no necesariamente donde la gente necesitaba vivir. Aparecieron fraccionamientos cada vez más lejos de los centros de trabajo, de las escuelas, del transporte y, en algunos casos, hasta de los servicios básicos.
Teníamos casas.
Lo que no siempre teníamos era ciudad.
Por eso el nuevo impulso a la vivienda que presentó la presidenta me parece una oportunidad enorme, pero también una responsabilidad compartida.
El Gobierno Federal puede construir vivienda, otorgar créditos y corregir deudas. De hecho, uno de los datos que más me llamó la atención del informe fue que alrededor de cinco millones de créditos considerados impagables han recibido algún tipo de solución.
Eso cambia vidas.
Pero hay otra parte de esta historia que necesariamente tendrá que escribirse en los estados y, sobre todo, en los municipios.
Ahí se decide el uso de suelo.
Ahí se autorizan los desarrollos.
Ahí se planean las vialidades.
Y ahí se vive todos los días el crecimiento ordenado o desordenado de nuestras ciudades.
Si realmente queremos que este programa transforme la manera en la que vivimos, tendremos que hablar también de agua, movilidad, transporte público, escuelas, parques, seguridad y servicios.
Porque una vivienda barata puede terminar siendo muy cara cuando obliga a una familia a pasar tres horas diarias trasladándose.
Y una casa nueva deja de ser una buena noticia cuando alrededor no hay agua suficiente, transporte o una escuela cercana.
Ese es el reto que viene.
No solamente alcanzar la cifra de 1.8 millones de viviendas, sino conseguir que esas viviendas formen parte de comunidades donde valga la pena vivir.
Hay algo especialmente poderoso en una política pública que termina convirtiéndose en unas llaves.
Para quien nunca ha tenido una casa propia, recibirlas significa mucho más que convertirse en propietario.
Significa certeza.
Significa patrimonio.
Significa poder decir: esto es mío y de aquí nadie me mueve.
Por eso vale la pena que la vivienda vuelva a ocupar un lugar importante en la conversación pública.
Pero también vale la pena hacernos una pregunta incómoda mientras comienza este enorme esfuerzo de construcción:
¿Estamos construyendo casas o estamos construyendo mejores ciudades?
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