Vol. IV | Los límites del “no desarrollo” en territorios con rezago social
En las entregas anteriores de esta serie hemos sostenido una idea clara: la defensa del medio ambiente no puede desligarse de la justicia social ni del desarrollo territorial. En Lázaro Cárdenas, como en muchos municipios del Caribe Norte, la protección de la selva y el mar no puede construirse sobre el abandono económico ni sobre la ausencia del Estado.
Primero analizamos la relación entre desigualdad territorial y sostenibilidad ambiental. Después abordamos cómo la exclusión social incrementa la presión sobre los ecosistemas. Más adelante, examinamos cómo ciertas economías de subsistencia de alto impacto ambiental aparecen en contextos de vulnerabilidad prolongada.
Esta cuarta entrega se centra en un punto sensible del debate público: el ambientalismo de veto, una postura que plantea la cancelación total de cualquier forma de desarrollo como única respuesta frente a los riesgos ambientales.
La preocupación ambiental es legítima y necesaria. Lo que aquí se discute no es su importancia, sino los límites de una política ambiental basada únicamente en la prohibición, sin alternativas productivas, institucionales ni comunitarias para territorios con rezago histórico.
La tentación de las soluciones simples
En un contexto de crisis climática, es comprensible que propuestas como “no tocar”, “no construir” o “no intervenir” tengan fuerza emocional. Estas consignas conectan con el rechazo a modelos depredadores que durante décadas privilegiaron la ganancia privada sobre el territorio.
Sin embargo, en municipios como Lázaro Cárdenas —donde más del 65 % de la población vive en pobreza y una parte significativa en pobreza extrema—, la ausencia de desarrollo regulado no es neutral. Tiene efectos reales sobre el empleo, los ingresos municipales, la capacidad institucional y, finalmente, sobre la propia protección ambiental.
Reducir el debate a estar “a favor o en contra del desarrollo” oculta la discusión central: qué tipo de desarrollo necesita el territorio, bajo qué reglas y con qué beneficios sociales y ambientales.
El ambientalismo de veto y sus límites territoriales
El ambientalismo de veto propone impedir cualquier intervención productiva bajo la premisa de que solo así se protege la naturaleza. En contextos con alta capacidad institucional y amplias oportunidades económicas, esta postura puede sostenerse parcialmente. Pero en territorios con rezago social, sus efectos suelen ser contradictorios.
Negar toda posibilidad de inversión productiva regulada implica, en la práctica:
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Mantener economías locales altamente informales.
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Limitar el acceso a empleo formal y estable.
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Reducir los ingresos públicos necesarios para vigilancia y gestión ambiental.
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Debilitar la presencia efectiva del Estado en territorios extensos y biodiversos.
En estas condiciones, la presión sobre los ecosistemas no desaparece. Se vuelve más dispersa, más difícil de monitorear y más vulnerable a prácticas informales de alto impacto. Paradójicamente, un ambientalismo que se concibe como protector puede terminar dejando al territorio más expuesto.
No es desarrollo o conservación: es desarrollo con reglas
La evidencia internacional es consistente: los territorios con instituciones fuertes, ingresos públicos suficientes y comunidades integradas muestran mejores resultados ambientales a largo plazo.
Esto no significa aceptar cualquier tipo de desarrollo. Significa reconocer que hay dos extremos igualmente problemáticos: el desarrollo desregulado que depreda, y la ausencia total de desarrollo que debilita la protección.
Entre ambos existe un punto de equilibrio: el desarrollo sostenible, de baja densidad y con regulación estricta, capaz de generar empleo, fortalecer al Estado y convertir a la población local en aliada de la conservación. Plantear la discusión como un “todo o nada” empobrece el debate y no resuelve los desafíos ambientales reales del territorio.
Cuando el “no” sustituye a la política pública
Una política ambiental transformadora —como la que impulsa la Cuarta Transformación desde una lógica de justicia social— no se limita a prohibir. Diseña reglas, ordena el territorio y construye capacidades públicas.
Esto implica:
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Ordenamiento ecológico efectivo.
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Evaluaciones de impacto ambiental rigurosas.
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Supervisión institucional permanente.
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Participación comunitaria y beneficios sociales claros para quienes habitan el territorio.
El ambientalismo de veto suele sustituir este diseño institucional por consignas generales. El resultado es una discusión moralizada que no ofrece soluciones concretas para municipios con rezago estructural.
Conservar también implica responsabilidad social
Lázaro Cárdenas muestra una realidad que no puede ignorarse: no hay conservación duradera sin presencia del Estado, sin oportunidades económicas y sin comunidades con futuro. La protección del patrimonio natural exige instituciones fuertes y políticas públicas que articulen bienestar social y cuidado ambiental.
Defender la naturaleza es indispensable. Pero hacerlo sin considerar las condiciones sociales del territorio convierte una causa justa en una política frágil.
Hacia un ambientalismo con raíz territorial
El reto ambiental del Caribe Norte no es elegir entre desarrollo o conservación. Es construir modelos de desarrollo que hagan posible la conservación en el tiempo, con regulación, justicia social y corresponsabilidad comunitaria.
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Un ambientalismo serio no rehúye la discusión sobre el desarrollo. La encauza, la regula y la pone al servicio del territorio. Solo así la protección de la selva y el mar dejará de depender de consignas y se convertirá en una política pública sólida, popular y sostenible.
