Vol. II | Economías de riesgo y abandono territorial en el Caribe Norte
En la primera entrega de esta serie señalamos una idea incómoda pero necesaria: en municipios históricamente marginados como Lázaro Cárdenas, la conservación ambiental sin desarrollo social no solo es frágil, sino que puede terminar debilitando aquello que busca proteger. Este segundo texto profundiza en una de las consecuencias más visibles de ese abandono prolongado: la aparición de economías de subsistencia de alto riesgo ambiental como expresión de la exclusión territorial.
No se trata de repetir el diagnóstico, sino de avanzar en su comprensión. Si en la entrega anterior establecimos que el rezago social y la falta de oportunidades productivas generan presión sobre los ecosistemas, aquí analizamos cómo y por qué esa presión adopta determinadas formas.
Economías de riesgo: una respuesta a la exclusión, no una causa
En el debate público suele presentarse la pesca ilegal, la caza furtiva o la extracción no regulada de recursos naturales como problemas aislados, atribuibles a fallas individuales o comunitarias. Esa lectura es superficial y funcional a una política ambiental basada únicamente en la prohibición.
Desde una perspectiva de justicia social, estas prácticas deben entenderse como síntomas de condiciones estructurales. No emergen de manera automática ni generalizada, pero encuentran terreno fértil cuando confluyen pobreza persistente, informalidad laboral y ausencia de alternativas productivas legales. En territorios con riqueza natural y escasas oportunidades económicas, el riesgo no desaparece: se desplaza hacia formas de subsistencia cada vez más precarias.
Cuando el desarrollo no llega, la presión no se va
Lázaro Cárdenas concentra una paradoja recurrente en el Caribe Norte: abundancia ambiental y carencia social. Décadas de un modelo turístico excluyente dejaron al municipio fuera de los principales flujos de inversión, infraestructura y empleo formal. La falta de un motor económico sostenido no solo profundizó la desigualdad; también debilitó la capacidad colectiva para proteger el territorio.
En este contexto, la presión sobre los ecosistemas no responde a una lógica de depredación sistemática, sino a la urgencia cotidiana de generar ingresos en condiciones de vulnerabilidad. Ignorar esta dimensión social conduce a políticas ambientales incompletas, incapaces de incidir en el problema de fondo.
Criminalizar la pobreza no es política ambiental
Reducir el fenómeno a un asunto de vigilancia o castigo implica confundir consecuencias con causas. La experiencia demuestra que donde existen empleos dignos, ingresos estables y presencia institucional efectiva, las actividades de alto impacto ambiental tienden a disminuir. Donde esas condiciones no existen, la prohibición por sí sola resulta insuficiente y, en ocasiones, contraproducente.
Una política ambiental transformadora no puede construirse al margen de la realidad social del territorio. Pretender conservar excluyendo a las comunidades es, en los hechos, una forma de abandono.
El círculo que reproduce la vulnerabilidad
El caso de Lázaro Cárdenas permite observar un ciclo que se repite en regiones marginadas: rezago social, falta de inversión productiva, escasez de empleo formal, vulnerabilidad económica y mayor exposición a economías de riesgo. Este círculo no se rompe cancelando cualquier forma de desarrollo, sino redefiniendo su sentido y sus reglas.
La falsa dicotomía entre desarrollo y conservación ha demostrado sus límites. Lo que está en discusión no es si debe haber desarrollo, sino qué tipo de desarrollo y para quiénes.
Desarrollo sostenible como política preventiva
El desarrollo sostenible, de baja densidad y con regulación ambiental estricta, puede funcionar como una herramienta de prevención ambiental. Al generar empleo legal, fortalecer las finanzas locales y ampliar la capacidad institucional, reduce los incentivos para prácticas informales de alto impacto y convierte a la población local en aliada de la protección del territorio.
Negar estas opciones en municipios históricamente olvidados no elimina la presión ambiental: la vuelve más opaca y difícil de gestionar.
Conservar también es reparar una deuda histórica
La Cuarta Transformación ha planteado una premisa central: no hay política pública eficaz sin justicia social. En materia ambiental, esa lógica es aún más evidente. Proteger la selva y el mar implica también garantizar que quienes viven en esos territorios tengan opciones reales para vivir con dignidad.
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La conservación duradera no se impone desde el abandono ni desde la exclusión. Se construye reconociendo que el cuidado del territorio pasa, necesariamente, por reparar las deudas históricas con sus comunidades. Esa es la base de un ambientalismo verdaderamente transformador y de largo plazo.
