En las dos entregas anteriores de esta serie establecimos una premisa central: en territorios históricamente marginados como Lázaro Cárdenas, la conservación ambiental sin desarrollo social puede terminar debilitando aquello que pretende proteger. Primero analizamos la relación entre justicia territorial y sostenibilidad ambiental. Después profundizamos en cómo la exclusión social incrementa la presión sobre los ecosistemas.
En esta tercera entrega abordaremos una de las expresiones más visibles de esa vulnerabilidad territorial: la aparición de actividades de subsistencia de alto riesgo ambiental, como la pesca ilegal y la caza furtiva. El objetivo es comprender por qué, en contextos de abandono prolongado, estas prácticas encuentran condiciones para emerger.
Un municipio de riqueza natural y rezago persistente
Lázaro Cárdenas forma parte de una de las regiones de mayor valor ecológico del Caribe Norte. Su territorio colinda con áreas estratégicas para la biodiversidad, como Cabo Catoche, zonas cercanas a Yum Balam y corredores de selva y costa fundamentales para la conectividad ambiental de Quintana Roo.
Sin embargo, esta riqueza natural convive con un rezago social profundo. De acuerdo con datos de CONEVAL, 65.7% de su población vive en situación de pobreza y alrededor de 20% en pobreza extrema. Estos indicadores no son resultado de decisiones individuales, sino consecuencia de décadas de concentración de inversión turística en otros polos del estado, que dejaron al municipio fuera de los principales flujos de empleo formal, infraestructura y fortalecimiento institucional.
La paradoja es clara: territorios ambientalmente estratégicos, pero socialmente excluidos. Esta combinación debilita la capacidad colectiva para proteger el entorno.
Cuando el desarrollo no llega, surgen economías de subsistencia de alto riesgo
Es fundamental evitar una lectura simplista. La gran mayoría de las personas en situación de pobreza no incurre en actividades ilegales ni en prácticas de alto impacto ambiental.
Sin embargo, la evidencia internacional muestra que la falta de alternativas productivas formales aumenta la exposición a economías de riesgo, especialmente en regiones con abundantes recursos naturales y limitada capacidad institucional de vigilancia.
El High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy identifica tres factores que elevan la probabilidad de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada:
- Incentivos económicos en contextos de escasez.
- Débil capacidad institucional para vigilar grandes extensiones territoriales.
- Ausencia de alternativas productivas legales suficientes.
En municipios como Lázaro Cárdenas, estos factores coexisten. La presión ambiental que se observa en zonas cercanas a Cabo Catoche o Yum Balam no puede entenderse sin considerar la informalidad laboral persistente, el acceso limitado a financiamiento productivo, la vigilancia intermitente y la urgencia económica cotidiana de algunas familias.
Cuando el desarrollo sostenible no llega, la presión sobre los ecosistemas no desaparece: se desplaza hacia estrategias de subsistencia más precarias y difíciles de regular.
Pesca ilegal y caza furtiva: síntomas, no causas
En el debate público, la pesca furtiva y la caza ilegal suelen presentarse como el origen del problema ambiental. Esta lectura confunde consecuencias con causas.
Donde existen empleos dignos, ingresos estables y presencia institucional efectiva, estas prácticas tienden a disminuir. Donde esas condiciones no están garantizadas, el riesgo aumenta. En estos casos, el daño ambiental responde a estrategias de supervivencia en contextos de exclusión prolongada.
Criminalizar estas expresiones sin atender las condiciones estructurales que las posibilitan no resuelve el problema de fondo. Una política ambiental basada únicamente en prohibición difícilmente construye soluciones duraderas.
Comprender esta dimensión social significa reconocer que la conservación duradera requiere intervenir también en las causas económicas e institucionales que generan vulnerabilidad territorial.
El círculo de vulnerabilidad territorial
El caso de Lázaro Cárdenas permite identificar un ciclo que se repite en territorios marginados:
- Rezago social y baja inversión productiva.
- Escasez de empleo formal.
- Vulnerabilidad económica cotidiana.
- Mayor exposición a economías informales o ilegales.
- Presión ambiental creciente y reducción de oportunidades futuras.
Este círculo demuestra que cancelar toda posibilidad de desarrollo no elimina los riesgos ambientales. Por el contrario, los vuelve más opacos, dispersos y difíciles de gestionar. La conservación sin alternativas económicas termina siendo una política frágil.
Desarrollo sostenible como política ambiental preventiva
El debate no es desarrollo contra conservación. Esa dicotomía ha demostrado ser insuficiente. La discusión real es qué tipo de desarrollo y bajo qué reglas.
El desarrollo sostenible, de baja densidad y con regulación ambiental estricta, puede operar como una política ambiental preventiva. Al generar empleo legal, fortalecer las finanzas municipales, ampliar capacidades institucionales y vincular a la comunidad con la protección del territorio, reduce los incentivos para economías de subsistencia de alto impacto.
Negar estas oportunidades en municipios históricamente olvidados no protege la naturaleza, la deja más expuesta a dinámicas informales.
Conservar implica ofrecer oportunidades
La experiencia de Lázaro Cárdenas deja una lección clara: no hay conservación duradera sin justicia social. Proteger la selva y el mar implica también garantizar que quienes viven en esos territorios cuenten con opciones reales para vivir con dignidad.
El reto no es elegir entre desarrollo o naturaleza, sino construir modelos de desarrollo que reduzcan la desigualdad territorial y fortalezcan la protección ambiental al mismo tiempo. Solo así será posible romper el círculo de vulnerabilidad que hoy afecta a regiones estratégicas del Caribe Norte.
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Proteger el territorio también significa no volver a condenar al abandono a quienes lo habitan. Sin oportunidades, la conservación se debilita; con desarrollo sostenible, se convierte en una política ambiental de largo plazo.
