Hay trabajadores que solo recordamos cuando algo sale mal.
Cuando una lluvia convierte una avenida en un río, cuando una colonia queda bajo el agua, cuando una coladera se desborda o cuando el drenaje deja de responder ante una tormenta, entonces volteamos a verlos. Son los hombres y mujeres que salen a las calles mientras la mayoría busca refugio; quienes operan equipos hidroneumáticos, realizan desazolves, atienden emergencias y trabajan en condiciones que pocas veces aparecen en el debate público.
Son los trabajadores del alcantarillado y de la infraestructura hidráulica de la Ciudad de México.
Héroes sin capa.
Pero también trabajadores que merecen algo más que nuestro reconocimiento: merecen una política pública permanente que valore su labor, garantice condiciones dignas y coloque el mantenimiento preventivo de la infraestructura en el centro de la agenda de gobierno.
La pregunta es inevitable: ¿cuánto estamos invirtiendo realmente en prevenir las inundaciones antes de que ocurran y cuánto seguimos destinando a reaccionar cuando el agua ya está en las calles?
La Ciudad de México ha anunciado para 2026 una inversión histórica de 7 mil millones de pesos en 643 obras y acciones relacionadas con agua, drenaje y saneamiento. De ese universo, 318 acciones corresponden al drenaje, incluyendo mantenimiento, modernización y rehabilitación de equipos electromecánicos, además de la construcción de 10 mil metros de nuevos colectores de drenaje en distintas alcaldías. (Gobierno CDMX)
Son cifras importantes.
Pero una ciudad de casi 10 millones de habitantes y con una infraestructura hidráulica que enfrenta presión permanente necesita algo más que grandes anuncios de inversión: necesita mantenimiento constante, planeación de largo plazo, transparencia en el ejercicio de los recursos y, sobre todo, reconocer que ninguna obra funciona por sí sola.
Detrás de cada infraestructura hay trabajadores.
En 2024, el Gobierno capitalino reportó acciones de desazolve en 24 kilómetros de la red primaria y 2 mil 200 kilómetros de la red secundaria, con una inversión de 157.9 millones de pesos. En ese mismo reporte se informó que el Sistema de Aguas había atendido 377 reportes de anegación. (CDMX)
Estas cifras nos permiten entender la magnitud del desafío.
No hablamos de una ciudad que necesita limpiar unas cuantas calles después de una tormenta. Hablamos de miles de kilómetros de infraestructura que deben mantenerse en condiciones adecuadas para enfrentar lluvias cada vez más intensas y fenómenos meteorológicos que ponen a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades.
Y aquí aparece el rostro humano de la infraestructura.
En septiembre de 2025, ante una jornada de lluvias, la Secretaría de Gestión Integral del Agua desplegó 205 ingenieros, técnicos y trabajadores de cuadrilla, apoyados por 79 vehículos especializados, para atender 40 encharcamientos en 12 alcaldías. (Secretaría de Gestión Integral del Agua)
Doscientas cinco personas.
Doscientos cinco trabajadores que, mientras la ciudad enfrentaba las consecuencias de la lluvia, estaban en las calles tratando de recuperar la normalidad.
Sin embargo, detrás de estas cifras existe una reflexión que debemos hacernos como sociedad: ¿por qué seguimos hablando de estos trabajadores únicamente cuando llega la emergencia?
La prevención no puede comenzar cuando el agua ya está subiendo.
La política hidráulica tampoco puede depender exclusivamente de operativos extraordinarios durante la temporada de lluvias. La verdadera prevención comienza meses antes: con desazolve, mantenimiento, diagnóstico de puntos críticos, modernización de equipos, atención a las zonas históricamente vulnerables y coordinación efectiva entre el Gobierno de la Ciudad y las alcaldías.
El propio Gobierno capitalino anunció para 2026 una inversión de 3 mil 360 millones de pesos en obras de infraestructura hídrica vinculadas con la temporada de lluvias, además del reforzamiento del Operativo Tlaloque 2.0 con mil nuevos elementos y 56 brigadas Ehécatl. (CDMX)
La inversión pública es necesaria.
Pero la pregunta política debe ser también cómo se mide su impacto.
Porque una ciudad no puede conformarse con anunciar cuánto dinero se invierte. Debemos saber dónde se invierte, qué problemas resuelve, cuánto tiempo duran las obras, cuáles son las zonas prioritarias y qué resultados concretos se obtienen después de cada temporada de lluvias.
El presupuesto debe convertirse en prevención.
Debe convertirse en calles transitables.
Debe convertirse en colonias más seguras.
Debe convertirse en menos familias afectadas.
Y debe convertirse también en mejores condiciones para quienes realizan el trabajo más difícil.
En 2026, la Secretaría de Gestión Integral del Agua cuenta con un presupuesto de 19 mil millones de pesos, un incremento de 26.7% respecto de lo aprobado en 2025, de acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas capitalina. El propio Gobierno señala que estos recursos contemplan la rehabilitación y modernización de infraestructura hídrica para drenaje y agua potable, así como pozos de absorción, entre otras acciones. (Finanzas CDMX)
La cifra es considerable.
Y precisamente por eso la sociedad tiene derecho a exigir resultados proporcionales.
Porque cuando se habla de miles de millones de pesos destinados al agua y al drenaje, también se debe hablar de la calidad de las obras, de la transparencia, de la planeación y de la capacidad institucional para garantizar que los recursos no solo atiendan emergencias, sino que reduzcan las causas que las provocan.
Pero hay un elemento que no debemos perder de vista: ningún presupuesto sustituye al trabajador que está en la calle.
Podemos tener tecnología, vehículos especializados, equipos de bombeo y grandes obras de infraestructura. Pero cuando una emergencia ocurre, son personas quienes operan esos equipos, quienes bajan a zonas de riesgo, quienes trabajan bajo la lluvia y quienes enfrentan las condiciones más complicadas para devolverle la tranquilidad a una comunidad.
Por eso, hablar de infraestructura también es hablar de derechos laborales.
Es necesario preguntarnos si quienes realizan estas tareas cuentan siempre con el equipo de protección adecuado, capacitación permanente, herramientas suficientes y condiciones laborales acordes con el nivel de responsabilidad que enfrentan.
La política pública debe mirar al trabajador como parte de la infraestructura.
Porque una red de drenaje no funciona únicamente por sus tuberías.
Funciona por la capacidad de quienes la mantienen.
Y también por la responsabilidad de quienes habitamos la ciudad.
Cada vez que arrojamos basura a la calle, contribuimos a un problema que tarde o temprano puede terminar en una coladera obstruida. Cada residuo que llega al drenaje aumenta la presión sobre una infraestructura que ya enfrenta enormes desafíos.
Por eso, la responsabilidad debe ser compartida.
El gobierno debe invertir, prevenir, mantener y transparentar.
Las alcaldías deben coordinarse y atender sus territorios.
Las instituciones deben planear a largo plazo.
Y la ciudadanía debe cuidar el espacio público.
Pero hay algo más: debemos aprender a reconocer a quienes hacen posible que esta ciudad siga funcionando.
A los trabajadores que salen de madrugada.
A quienes trabajan bajo la lluvia.
A quienes enfrentan el agua cuando nosotros buscamos alejarnos de ella.
A quienes limpian, desazolvan, reparan y mantienen una infraestructura que pocas veces vemos, pero de la que todos dependemos.
Ellos son los verdaderos héroes sin capa de la Ciudad de México.
Y reconocerlos no significa solamente aplaudir su esfuerzo.
Significa exigir que existan políticas públicas que los protejan.
Significa demandar que el presupuesto se traduzca en resultados.
Significa supervisar que cada peso destinado a infraestructura hidráulica cumpla con su propósito.
Significa dejar de pensar en las inundaciones como un fenómeno inevitable y comenzar a entenderlas como un desafío urbano que puede y debe enfrentarse con prevención, ciencia, inversión y planeación.
La Ciudad de México necesita mirar hacia el futuro.
Necesita una política hidráulica que no dependa únicamente de la emergencia, sino que se anticipe a ella.
Porque cada vez que llueve, no solo se pone a prueba el drenaje.
También se pone a prueba nuestra capacidad como ciudad para prevenir, organizarnos y proteger a quienes más lo necesitan.
Y cuando el agua sube, ellos están ahí.
Sin cámaras.
Sin reflectores.
Sin capas.
Solo con sus herramientas, sus equipos y la responsabilidad de hacer que una ciudad de millones de personas pueda volver a ponerse de pie.
A ellos debemos reconocerlos.
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Pero también debemos exigir que nunca más sean invisibles para la política pública.
