Durante mucho tiempo, el debate ecológico en México partió de una premisa excluyente: la idea de que quienes mejor sabían proteger la naturaleza eran los especialistas, las instituciones o las organizaciones que observan los ecosistemas desde fuera. Se intentó imponer la noción de que la voz de los "ambientalistas" de escritorio era la única válida para decidir el destino de un territorio.
Sin embargo, la realidad nos demuestra que los verdaderos ambientalistas son los pueblos originarios y los ejidatarios. Asumir que actores ajenos al territorio deben dictar lo que se hace en una comunidad es, en el fondo, arrebatarle el poder y la agencia a quienes históricamente han fungido como los verdaderos guardianes de la tierra.
Las formas en que las comunidades mayas y campesinas conviven con los ecosistemas son ancestralmente sustentables. Prácticas como la rotación de cultivos, la resiembra, el cuidado meticuloso de las semillas originarias y el profundo respeto por los ciclos de la flora y la fauna, no son "nuevas tendencias" ecológicas; son acciones que los pueblos han realizado de manera natural y cotidiana durante siglos. Si hoy tenemos riqueza natural que defender, es precisamente porque estas comunidades desarrollaron una relación sana y equilibrada con su entorno.
El caso de Yum Balam es la prueba irrefutable de esto. Si este territorio en Quintana Roo se mantiene vivo y rebosante de biodiversidad, es gracias al trabajo y cuidado de los mismos ejidos y pueblos originarios que lo habitan. La conservación de la laguna, los manglares y la selva no es un logro del prohibicionismo, sino del conocimiento empírico de su gente.
Por ello, hoy toman especial relevancia las voces que entienden que no existe el medio ambiente sin las personas. La bióloga y experta en Ciencias de la Sostenibilidad, Cristina Ayala, ha señalado con contundencia que las figuras legales de protección no bastan por sí solas. La conservación real no depende de un decreto o de un plan de manejo punitivo, sino de la organización comunitaria, los acuerdos sociales y el bienestar de quienes habitan el ecosistema. Un territorio sin la gente que lo cuide está condenado.
Desde la dimensión de la justicia y los derechos, el ministro de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, ha sido un referente ético al defender la importancia vital de que los pueblos originarios ejerzan su derecho a decidir sobre los territorios que les pertenecen. Su visión deja clara una regla fundamental: nadie puede construir el futuro de una región ignorando a quienes la han habitado, trabajado y defendido históricamente.
La transformación territorial que requiere el país pasa por desterrar el conservacionismo neoliberal que prioriza las prohibiciones sobre la dignidad humana. Yum Balam no necesita habitantes que simplemente acaten restricciones diseñadas a cientos de kilómetros de distancia; necesita a sus pescadores, ejidatarios y familias originarias tomando las decisiones fundamentales sobre su tierra.
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La lección es clara y contundente: la mejor forma de ambientalismo es la que se construye de la mano de la comunidad. No se puede hablar de soberanía ambiental ni de preservación ignorando a las manos que, generación tras generación, han sostenido el milagro de la vida en el territorio.
