La gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, deberá comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR) tras el accidente ocurrido el pasado 19 de abril en la Sierra Tarahumara, donde murieron dos agentes vinculados a la CIA durante un operativo realizado en territorio mexicano.
Más allá del accidente, el caso ha abierto una discusión mucho más profunda sobre soberanía nacional, intervención extranjera y el papel que algunos gobiernos estatales han permitido a agencias estadounidenses dentro del país.
La FGR busca esclarecer si la participación de agentes norteamericanos en operaciones dentro de México violó la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, un tema especialmente delicado en un momento donde el país ha insistido en defender su autonomía frente a intereses extranjeros.
La escena ocurrida este sábado en el Palacio de Gobierno de Chihuahua resultó simbólica: funcionarios federales entregaron directamente a Maru Campos el citatorio oficial mientras descendía las escaleras del recinto estatal. La mandataria aseguró que acudirá a comparecer el próximo 27 de mayo.
“Ahí estaremos porque siempre he dado la cara”, declaró la gobernadora.
Sin embargo, la polémica trasciende el discurso político. Diversos sectores han cuestionado cómo y bajo qué acuerdos operaban agentes estadounidenses en territorio chihuahuense, particularmente en una región históricamente golpeada por el abandono, la violencia y la desigualdad social.
Para voces cercanas a la izquierda y al movimiento de la Cuarta Transformación, el caso revive viejas prácticas de subordinación política y cooperación opaca con agencias extranjeras, una dinámica que durante décadas marcó la relación entre gobiernos conservadores mexicanos y Washington.
El tema también coloca nuevamente al PAN en el centro del debate sobre seguridad y soberanía, pues no son pocos quienes consideran que administraciones panistas han mostrado mayor disposición a permitir la injerencia estadounidense en asuntos internos del país.
Mientras la investigación avanza, el caso de Chihuahua comienza a perfilarse no solo como un expediente judicial, sino como un episodio políticamente incómodo para la oposición, particularmente en medio del discurso nacionalista y soberanista que hoy domina buena parte de la agenda pública mexicana.
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La comparecencia de Maru Campos ante la FGR podría convertirse así en un momento clave para esclarecer hasta dónde llegaron los vínculos de cooperación con agencias estadounidenses y bajo qué condiciones operaban en suelo mexicano.
