Más que un tarifazo: justicia social en el transporte público
La protesta de este fin de semana en Toluca, convocada por el colectivo No al Tarifazo Edomex, dejó en claro que existe una legítima preocupación ciudadana: tarifas justas, unidades seguras y trato preferencial para estudiantes y adultos mayores. Apenas unas decenas respondieron a la convocatoria, pero el fondo de la discusión es real y no puede ser ignorado.
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La protesta de este fin de semana en Toluca, convocada por el colectivo No al Tarifazo Edomex, dejó en claro que existe una legítima preocupación ciudadana: tarifas justas, unidades seguras y trato preferencial para estudiantes y adultos mayores. Apenas unas decenas respondieron a la convocatoria, pero el fondo de la discusión es real y no puede ser ignorado.
El transporte público en el Estado de México lleva años arrastrando un rezago profundo. Desde 2018 no se ha revisado la tarifa, a pesar de que los costos de gasolina, refacciones y mantenimiento han aumentado de forma constante. Los operadores —padres y madres de familia que dependen de cada pasaje para sobrevivir— trabajan al límite, sin el respaldo de un salario fijo o de un patrón que absorba esos incrementos. Son pueblo, como quienes utilizan sus servicios, y su esfuerzo sostiene la movilidad de millones.
Por ello, el análisis de un posible ajuste tarifario no puede reducirse a la etiqueta de “tarifazo”. Se trata, más bien, de un debate de justicia social y solidaridad. El gobierno de la maestra Delfina Gómez ha insistido en que no hay una decisión tomada, pero sí un estudio técnico y socioeconómico que busca equilibrar realidades: mejorar la calidad del servicio para los usuarios y, al mismo tiempo, brindar un respiro a quienes lo hacen posible.
La medida no sería un castigo al bolsillo, sino una apuesta por modernizar unidades, fortalecer la seguridad y dignificar un servicio esencial. Exigir transporte público digno implica, necesariamente, garantizar que los operadores tengan condiciones mínimas para cumplirlo. De otro modo, la queja seguirá repitiéndose año con año.
El reto está en encontrar el punto justo: un incremento responsable, acompañado de compromisos claros de los concesionarios para mejorar la experiencia de viaje de los usuarios. En ese sentido, lo que hoy parece una decisión económica es, en el fondo, una oportunidad para redefinir la relación entre usuarios, operadores y autoridades.
Porque, al final, la verdad es sencilla: solo el pueblo puede apoyar al pueblo. Y en el transporte público mexiquense, eso significa tender puentes de solidaridad entre quienes viajan y quienes los llevan a salvo hasta su destino.