Más que un trámite: por qué la reforma al amparo exige prudencia y claridad.

La política pública no puede reducirse a gestos ni a ocurrencias de última hora. Hoy, cuando el Senado de la República envió la minuta de la reforma a la Ley de Amparo a la Cámara de Diputados, no sólo se cumple un paso formal del proceso legislativo: se abre una ventana crítica para mejorar el texto, aclarar dudas y blindar la protección de derechos que la Constitución consagra.

Partimos de una premisa sencilla: el amparo es un instrumento básico de justicia en México. No puede ser objeto de improvisaciones ni de redacciones que dejen puertas abiertas a la incertidumbre jurídica. La reforma promovida por el Ejecutivo tiene objetivos legítimos —combatir el uso faccionado o mercantilizado del amparo en litigios fiscales y de corrupción—, pero algunos cambios aprobados en el Senado, como la posibilidad de que ciertas disposiciones tengan efectos retroactivos, han generado inquietud entre juristas, organizaciones civiles y la sociedad en general. Esa preocupación no debe minimizarse, sino atenderse con seriedad.

Como militantes y simpatizantes de Morena sabemos que la mayor fuerza que tenemos es la legitimidad democrática y la responsabilidad con el bienestar colectivo. Por eso debemos exigir dos cosas al momento en que la minuta llega a San Lázaro: claridad técnica y vocación por la justicia. Claridad técnica implica que las disposiciones se redacten de tal manera que no generen inseguridad jurídica, es decir, que no creen dudas sobre su aplicación a procesos en curso ni sobre su compatibilidad con el artículo 14 constitucional. Vocación por la justicia significa no usar la norma como instrumento selectivo contra adversarios, sino como una herramienta que proteja al Estado y, sobre todo, a la ciudadanía.

El procedimiento parlamentario ofrece mecanismos para perfeccionar leyes: análisis en comisiones, parlamentos abiertos y correcciones de forma. Pero la discusión no puede quedarse en lo técnico: estamos ante un debate político que interpela la confianza ciudadana. Si la sociedad percibe que las reglas cambian a conveniencia o que se pretende afectar litigios en curso, la reforma perderá legitimidad y será contraproducente para la gobernabilidad.

¿Qué esperamos de la Cámara de Diputados? Primero, que ejerza su facultad con independencia y rigor jurídico: revisar punto por punto, abrir foros con especialistas y organizaciones de la sociedad civil, y corregir redacciones que puedan vulnerar derechos. Segundo, que quienes defendemos la transformación del país no nos escondamos: hay que explicar a la ciudadanía por qué ciertas limitaciones al uso del amparo pueden contribuir a combatir la impunidad y, al mismo tiempo, garantizar salvaguardas para no afectar a las víctimas ni a consumidores de justicia. Finalmente, que exista transparencia en el trámite y en el intercambio de propuestas; la ciudadanía debe ver que actuamos con responsabilidad.

Gobernar es legislar con prudencia. La reforma a la Ley de Amparo puede ser una contribución positiva si se construye con diálogo, argumentos jurídicos sólidos y respeto irrestricto a la Constitución. Como fuerza política que impulsa transformaciones, no nos conviene ni la improvisación ni la soberbia legislativa. Nos conviene la ley clara, la justicia efectiva y la confianza pública. La minuta ya está en San Lázaro; aprovechemos esta oportunidad para perfeccionarla. Eso demostrará, una vez más, que el cambio se hace con responsabilidad y con la ley a la cabeza.