Durante 2025, las fiscalías de México abrieron 2 millones 64 mil 775 carpetas de investigación relacionadas con posibles delitos, una cifra 3.5 por ciento menor a la registrada un año antes. Al mismo tiempo, el número de procedimientos pendientes de concluir dentro de esas carpetas aumentó 10.42 por ciento anual, de acuerdo con los resultados del Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal (CNPJF-E) 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Los datos colocan sobre la mesa dos movimientos distintos dentro del sistema de procuración de justicia: por un lado, hubo una reducción en la apertura de nuevas carpetas respecto de 2024; por otro, creció el volumen de procedimientos que permanecieron sin concluir al cierre de 2025.
El INEGI precisa que el censo tiene como propósito generar información estadística sobre la gestión y desempeño de las instituciones encargadas de la procuración de justicia en los ámbitos federal y estatal. Estos datos sirven como insumo para el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas en la materia.
Las fiscalías estatales concentraron la mayor parte de las investigaciones
Del total de carpetas abiertas durante 2025, 95.9 por ciento correspondió a las Fiscalías Generales o Procuradurías Generales de Justicia de las entidades federativas, mientras que 4.1 por ciento estuvo relacionado con la Fiscalía General de la República (FGR).
En términos absolutos, las fiscalías estatales concentraron prácticamente todo el volumen de investigaciones iniciadas durante el año, lo que refleja el peso que tienen las instituciones locales dentro del funcionamiento cotidiano del sistema de procuración de justicia.
La cifra nacional incluyó 2 millones 33 mil 714 carpetas correspondientes a personas adultas en materia penal y 31 mil 61 relacionadas con justicia para adolescentes.
El comportamiento representa una disminución de 74 mil 453 carpetas frente a 2024, cuando se contabilizaron 2 millones 139 mil 228 investigaciones abiertas. En aquel ejercicio, 96.3 por ciento correspondió a las fiscalías estatales y 3.7 por ciento a la FGR.
La comparación anual permite dimensionar la variación: no se trata de unas cuantas miles de investigaciones menos, sino de una reducción superior a 74 mil expedientes respecto del año previo.
Más procedimientos pendientes al cierre de 2025
El otro componente del reporte apunta en una dirección diferente.
Durante 2025 se contabilizaron 2 millones 916 mil 624 procedimientos pendientes de concluir registrados en las carpetas de investigación, cifra que representó un incremento anual de 10.42 por ciento.
Este indicador requiere una lectura distinta a la de las carpetas abiertas. Que una investigación permanezca pendiente no significa por sí mismo que corresponda a un delito ocurrido durante el mismo año, pues los procedimientos pueden provenir de carpetas iniciadas tanto en el ejercicio reportado como en periodos anteriores.
El propio INEGI utiliza categorías específicas para distinguir las carpetas abiertas, las determinaciones o conclusiones y los procedimientos que permanecen pendientes. En sus resultados anteriores, el Instituto ha precisado que los pendientes de concluir corresponden a procedimientos registrados dentro de las carpetas, tanto en la investigación inicial como en la complementaria, que permanecían sin concluir al cierre del año.
Por ello, el incremento de 10.42 por ciento debe observarse como un indicador de carga de trabajo y del estado de los procedimientos, no como una medición directa del comportamiento de la delincuencia.
¿Qué muestran los datos sobre la procuración de justicia?
La información del INEGI permite poner el foco en una cuestión central: abrir una carpeta de investigación es apenas una etapa dentro del proceso de procuración de justicia.
Después de la apertura pueden desarrollarse diligencias, actos de investigación, determinaciones, mecanismos de solución, judicialización u otras vías previstas por el marco jurídico. Por ello, el volumen de carpetas iniciadas no permite, por sí solo, determinar cuántos casos fueron esclarecidos o llegaron ante un juez.
La información también evidencia el tamaño de la responsabilidad que recae en las fiscalías estatales. Con casi 96 por ciento de las carpetas abiertas concentradas en estas instituciones durante 2025, el desempeño de las procuradurías y fiscalías locales resulta fundamental para entender el funcionamiento general del sistema.
El Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal forma parte de una serie estadística que el INEGI desarrolla desde hace más de una década. El instrumento es considerado Información de Interés Nacional y busca mantener una medición comparable sobre recursos, estructura, procuración de justicia, mecanismos alternativos y servicios periciales.
Un indicador que exige revisar la capacidad institucional
El aumento de los procedimientos pendientes abre además un espacio para analizar la capacidad institucional de las fiscalías para procesar las investigaciones que reciben.
La diferencia entre el número de nuevas carpetas y el universo de procedimientos pendientes muestra que la operación del sistema no puede medirse únicamente por cuántas investigaciones se inician durante un año.
La capacidad ministerial, los servicios periciales, la disponibilidad de personal, las herramientas de investigación, los mecanismos alternativos y la coordinación con otras instituciones forman parte de una cadena mucho más amplia.
El propio INEGI incluye dentro de sus censos variables relacionadas con la estructura organizacional, personal, presupuesto, unidades de inteligencia y análisis criminal, actos de investigación, medidas cautelares, medidas de protección y órdenes judiciales.
En ese sentido, los resultados de 2025 ofrecen una fotografía amplia del sistema: menos carpetas nuevas respecto de 2024, pero más procedimientos pendientes de concluir.
La lectura de ambos indicadores resulta relevante para la discusión pública sobre seguridad y justicia en México. La reducción de nuevas investigaciones no debe interpretarse automáticamente como una disminución equivalente de los delitos, del mismo modo que el incremento de procedimientos pendientes no permite atribuir por sí solo una causa específica al comportamiento institucional.
Lo que sí queda documentado es la dimensión de la carga que enfrentaron las fiscalías durante 2025 y la necesidad de observar no solamente cuántas investigaciones ingresan al sistema, sino qué ocurre con ellas después.
Quizá te interese también leer:
Con la publicación de los resultados del CNPJF-E 2026, el INEGI aporta nuevamente una base estadística para revisar el funcionamiento de la procuración de justicia en México. El reto consiste en pasar de las cifras generales al análisis de cada etapa: investigación, determinación, conclusión y atención de los procedimientos que continúan abiertos.
En un país donde la procuración de justicia representa uno de los principales puntos de contacto entre las instituciones y la ciudadanía, conocer cuántas carpetas se abren y cuántos procedimientos permanecen pendientes permite dimensionar la operación del sistema y abre la discusión sobre sus capacidades y resultados.
