El Congreso de la Ciudad de México dio un nuevo paso en la reforma constitucional de nacionalidad única para quienes aspiren a encabezar los poderes ejecutivos del país y de las entidades federativas. Con 44 votos a favor, 15 en contra y cero abstenciones, el Legislativo capitalino aprobó este 29 de septiembre la minuta que modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución.
La bancada de Morena votó a favor de la propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en una discusión que colocó en el centro conceptos como soberanía, representación política, derechos de las personas migrantes y las condiciones de elegibilidad para ocupar los principales cargos ejecutivos.
La reforma contempla exclusivamente 33 cargos: la Presidencia de la República, las 31 gubernaturas estatales y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. No se trata de una eliminación general de la doble nacionalidad para la población mexicana ni de una modificación a los derechos de las comunidades mexicanas que viven en otros países.
Xóchitl Bravo coloca la soberanía en el centro del debate
Durante la discusión en Donceles, la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Xóchitl Bravo Espinosa, defendió el sentido de la reforma desde la perspectiva de la responsabilidad que implica encabezar un gobierno.
La legisladora planteó que quienes reciban el mandato ciudadano para ocupar la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno deberán representar los intereses de México y no mantener vínculos jurídicos que, bajo el nuevo esquema constitucional, pudieran implicar una relación de protección o derechos políticos con otro Estado.
El Congreso capitalino informó que Bravo sostuvo que el voto de Morena responde a una responsabilidad con el país y que la modificación no implica abandonar a las comunidades migrantes. Por el contrario, afirmó que su bancada mantendrá la defensa de los mexicanos que viven fuera del territorio nacional.
Su intervención ocurrió en un contexto de fuerte discusión política. Mientras Morena y sus aliados defendieron que la reforma establece una condición específica para quienes buscan gobernar, legisladores de oposición cuestionaron que una persona con doble nacionalidad pueda quedar impedida para competir por esos cargos.
La diferencia entre ambas posiciones constituye uno de los puntos centrales de la discusión: la reforma no plantea quitar la nacionalidad mexicana a las personas binacionales, sino establecer requisitos adicionales para quienes pretendan ejercer determinados cargos públicos.
¿Qué cambia con la reforma?
El dictamen modifica tres artículos constitucionales vinculados directamente con el acceso a los poderes ejecutivos federal y locales.
De acuerdo con el contenido aprobado por el Congreso de la Unión y enviado a las legislaturas estatales, para ocupar la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno se establece como requisito no tener ni adquirir otra nacionalidad. Si la persona cuenta con una nacionalidad extranjera, deberá renunciar a ella antes de solicitar el registro como candidata o candidato, conforme a los términos establecidos por la legislación correspondiente.
La propuesta también establece restricciones durante el ejercicio del cargo. Quien gobierne no podrá solicitar o adquirir otra nacionalidad, invocar ante autoridades extranjeras una nacionalidad distinta de la mexicana, utilizar pasaporte o documento de identidad expedido por otro Estado, ejercer derechos políticos inherentes a una ciudadanía extranjera ni acogerse a la protección diplomática de otro país.
Se trata, por tanto, de una regulación dirigida a un universo muy específico de personas: quienes pretendan ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo federal o de los gobiernos estatales y de la Ciudad de México.
La doble nacionalidad no desaparece
Uno de los puntos que Morena colocó durante el debate fue la necesidad de diferenciar entre nacionalidad y requisitos para ejercer determinados cargos públicos.
El vocero de la bancada, Ángel Tamariz Sánchez, insistió en que la reforma no elimina la doble nacionalidad de los ciudadanos ni modifica su derecho al voto. En términos prácticos, una persona mexicana que también tenga otra nacionalidad podrá conservar esa condición jurídica, pero la nueva disposición establecería una restricción si pretende registrarse para alguno de los cargos comprendidos por la reforma.
Roberto Castillo también expuso que la modificación no afecta el patrimonio de los mexicanos que viven fuera del país ni los derechos de sus hijas e hijos. El planteamiento de Morena se concentra en las obligaciones constitucionales de quienes reciben un mandato para conducir un gobierno.
Debate abierto sobre migración y derechos políticos
La discusión no estuvo exenta de críticas.
En el Senado, legisladores de oposición argumentaron que tener doble nacionalidad no disminuye la condición mexicana y cuestionaron que la reforma pueda limitar el derecho de las personas binacionales a ser votadas para los cargos contemplados. El PAN, por ejemplo, sostuvo durante el debate que la medida afecta los derechos políticos de mexicanos que viven en el extranjero.
Ese argumento contrasta con la posición de Morena, que sostiene que la reforma no toca los derechos políticos de las comunidades migrantes en general y que la restricción únicamente opera para quienes busquen encabezar un Poder Ejecutivo.
El propio debate legislativo muestra que la controversia no se limita al concepto de nacionalidad. También involucra la relación entre ciudadanía, derechos políticos, representación y soberanía.
Para Morena, la titularidad de un gobierno exige una vinculación jurídica exclusiva con México. Para sus opositores, esa condición puede convertirse en una limitación adicional para mexicanos que poseen legítimamente más de una nacionalidad.
Una reforma que todavía debe completar el proceso constitucional
La aprobación en el Congreso capitalino no significa, por sí misma, que la reforma haya concluido todo su procedimiento constitucional.
Al tratarse de una modificación a la Constitución federal, requiere la aprobación de la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas, conforme al procedimiento previsto en el artículo 135 constitucional. El Congreso de la Ciudad de México recibió la minuta y la aprobó en su carácter de integrante del Constituyente Permanente.
El Senado había aprobado previamente la reforma y la remitió a los congresos estatales para continuar el procedimiento. El expediente legislativo establece además que, una vez que el decreto entre en vigor, el Congreso de la Unión y las entidades federativas tendrán 90 días naturales para realizar las adecuaciones correspondientes a la legislación nacional y local.
Por ello, el voto registrado en Donceles forma parte de una ruta constitucional todavía en desarrollo.
Morena defiende una condición específica para gobernar
Desde la tribuna capitalina, Morena presentó la reforma como una medida vinculada con la soberanía y la representación exclusiva de los intereses nacionales.
Gerardo Villanueva Albarrán sostuvo que quienes reciben el mandato ciudadano para conducir un gobierno deben responder ante la población que les confió esa responsabilidad. Cecilia Vadillo, por su parte, insistió en que la discusión no pretende prohibir la doble nacionalidad.
Martha Ávila Ventura ubicó el debate en una perspectiva histórica y constitucional, mientras Alberto Martínez Urincho relacionó la discusión con su propia experiencia familiar vinculada con la migración.
El punto común de las intervenciones de Morena fue delimitar el alcance de la modificación: no se busca regular la vida de millones de mexicanos binacionales, sino establecer nuevas condiciones para quienes pretendan ocupar los máximos cargos ejecutivos del país.
Quizá te interese también leer:
Con el aval del Congreso capitalino, la reforma avanza así en el ámbito de las legislaturas estatales. La discusión, sin embargo, permanecerá abierta mientras se define si obtiene los respaldos necesarios para completar el proceso constitucional.
Lo que comenzó como una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para modificar las reglas de acceso a la titularidad de los poderes ejecutivos ahora se encuentra frente a un debate nacional sobre qué condiciones deben cumplir quienes aspiran a gobernar y cómo debe equilibrarse la soberanía del Estado con los derechos de una sociedad mexicana cada vez más vinculada con otros países.
