La Ciudad de México, como una de las urbes con mayor población del mundo, enfrenta una urgente necesidad de atención en materia de transporte público, problemática que se arrastra desde hace más de 60 años. El crecimiento poblacional, el desarrollo urbano desordenado y con planeaciones deficientes, así como la lucha constante de diversos grupos por el acceso colectivo a la vivienda, han configurado una ciudad con una accesibilidad al transporte limitada en varias alcaldías consideradas periféricas. A ello se suma el factor metropolitano: las zonas colindantes a la Ciudad de México de donde proviene una gran parte de las y los trabajadores que hacen funcionar la capital.
Allí donde la infraestructura fija de transporte no ha sido suficiente, se ha optado por esquemas de concesión de rutas a grupos privados de transportistas. Estos grupos, al convertirse en un eje central de la vida cotidiana de las personas y al consolidar una amplia base social asociada a dichos servicios, han establecido mecanismos de control político, cacicazgos y prácticas de coerción hacia las autoridades locales y estatales.
Frente a esta realidad, las administraciones surgidas del proceso de transformación han señalado la urgencia de desarrollar nueva infraestructura que permita atender esta problemática. En este contexto pueden señalarse tres casos emblemáticos: la creación de un nuevo trolebús en Santo Domingo, Coyoacán; las nuevas líneas de Cablebús en Tlalpan y Milpa Alta; y la extensión del Tren Interurbano a Toluca en la alcaldía Cuajimalpa. Estas tres obras —dos impulsadas por la actual administración y una heredada del sexenio anterior— se han enfrentado a una resistencia de carácter artificial. De manera similar, aunque con particularidades propias, puede observarse este fenómeno en la construcción de la ciclovía de Calzada de Tlalpan, que beneficiará a cuatro alcaldías céntricas de la ciudad.
Los grupos que han encontrado importantes beneficios económicos a partir del abandono institucional del transporte en las periferias presionan, mediante argumentos falaces, para que el status quo se mantenga. Desde supuestos planteamientos “ecologistas” y “ruralistas” hasta afirmaciones engañosas o carentes de sentido, como que “tendrán que cambiarse las rutas” durante la construcción de estas obras, la coerción ejercida sobre las instituciones públicas obstaculiza su desarrollo y deja en estado de indefensión a las y los habitantes que sí necesitan estas infraestructuras.
Por ello, resulta indispensable hacer un llamado amplio a los actores políticos, liderazgos locales y operadores políticos del gobierno central para reforzar una campaña de información a favor de estos proyectos y evitar que la narrativa quede en manos de quienes utilizan el transporte público como moneda de cambio para ejercer presión y chantaje sobre la población. Más aún, una derecha advenediza y carente de causas propias adopta y distorsiona estos conflictos en su beneficio, intentando construir una narrativa contraria a los intereses de la mayoría de la población, que demanda un transporte digno, accesible y económico.
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La transformación del transporte público en la Ciudad de México no puede seguir postergándose ni quedar rehén de intereses particulares que lucran con la precariedad. La inversión en infraestructura moderna, sustentable y accesible es una condición indispensable para garantizar el derecho a la movilidad, reducir desigualdades territoriales y mejorar la calidad de vida de millones de personas. Defender estas obras es, en última instancia, defender la justicia urbana frente a quienes buscan preservar privilegios a costa del bienestar de las y los chilangos.
