Tratar las tragedias no admite ligereza; pero tampoco admiten manipulación.
En México, hablar de personas desaparecidas debería ser un acto de responsabilidad absoluta, de precisión y de respeto; y, sin embargo, en los últimos días, el tema ha vuelto a colocarse en el centro del debate público no solo por su gravedad, sino por la forma en la que está siendo utilizado.
A partir de lo expuesto por Arturo Ávila, conviene detenernos un momento; no para negar la tragedia, sino para entenderla con rigor. Porque no todo lo que se presenta como cifra es, necesariamente, lo que parece.
Se habla de 132 mil personas desaparecidas como si se tratara de un universo homogéneo, claro y completamente verificado. Pero al desmenuzar esa cifra, el propio análisis muestra una realidad más compleja:
17,327 registros corresponden al sexenio de Felipe Calderón
34,557 registros al periodo de Enrique Peña Nieto
Y luego aparece el dato que debería obligarnos a reflexionar con mayor profundidad: más de 40,308 registros, alrededor del 31%, carecen de elementos mínimos de identificación.
No hay nombre completo.
No hay ubicación precisa.
No hay circunstancias verificables.
No son expedientes consolidados; son registros.
A eso se suma otro bloque cercano al 33%, también en el rango de 40 mil casos, que corresponde a registros sin actualización, sin cruce de información o sin actividad reciente. Es decir: una parte significativa de la cifra total no está plenamente depurada.
Esto no significa que el problema no exista; no significa que no haya familias buscando; no significa que el Estado no tenga una responsabilidad enorme. Significa algo distinto y profundamente delicado: que la estadística, en lugar de esclarecer, puede estar siendo utilizada sin el rigor necesario.
Porque cuando no se distingue entre registros verificados y no verificados, cuando no se separan los casos con identidad de aquellos que no tienen trazabilidad, cuando no se actualizan los datos, la cifra deja de ser un instrumento de verdad y se convierte en un recurso narrativo.
Y ahí es donde se rompe algo esencial; exigir al gobierno que haga su trabajo no solo es válido: es indispensable. Pero mezclar o presentar datos sin contexto para golpear políticamente no es justicia, es oportunismo. Porque cuando una cifra se usa sin precisión, no se está señalando una falla institucional; se está utilizando el dolor de alguien como argumento.
Sabemos lo que harán los opositores. Dirán que todo es por las víctimas, que visibilizar es necesario, que callar sería traicionar; pero la memoria también exige honestidad, y la honestidad obliga a decir algo que incomoda: si este tema no representara un beneficio político, muchos de los que hoy lo enarbolan no estarían ahí.
No es una acusación ligera; es una lectura histórica. Porque cuando el poder ha estado de su lado, no han dudado en avanzar incluso cuando la vida de otros quedaba en medio del camino. Ahí está lo ocurrido en Caso Atenco, bajo el gobierno de Vicente Fox, donde la fuerza se impuso sobre una comunidad que resistía. Ahí están los señalamientos en Tabasco durante el gobierno de Felipe Calderón, donde decisiones cuestionadas terminaron en tragedia. Y ahí está, como herida abierta, Ayotzinapa, durante la administración de, donde la verdad fue fragmentada y administrada.
No es que estos personajes hoy descubran el dolor, es que hoy les resulta útil. Por eso, la indignación selectiva no es justicia; es cálculo. Y el cálculo, cuando se hace con tragedias humanas, también es una forma de faltarle al respeto a las víctimas, a las familias y al pueblo de México completo. Porque mentir con cifras, o presentarlas de forma incompleta, también desaparece personas:
las convierte en número,
las reduce a discurso,
y las borra como individuos.
Y eso, aunque se vista de causa, no deja de ser una falta de respeto.
Por eso, a quien corresponda:
Ni el silencio es opción.
Ni la manipulación es camino.
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