"Ni una Gota de Moral: Duarte y el Agua Robada"

En un acto que raya en el surrealismo y ofende la inteligencia de los chihuahuenses, el exgobernador César Duarte Jáquez, protagonista de uno de los capítulos más oscuros de corrupción en la historia del estado, ahora se erige como víctima y reclamante. A raíz de la necesaria y legal destrucción de presas ilegalmente construidas en su rancho "El Saucito", Duarte no solo ha levantado la voz para defender lo indefendible, sino que ha desatado la indignación de una sociedad que aún padece las secuelas de su rapaz administración.

Resulta un insulto a la memoria y a la justicia que el mismo personaje acusado de orquestar un saqueo millonario a las arcas públicas, y que actualmente enfrenta múltiples procesos penales por peculado y asociación delictuosa, pretenda ahora dar lecciones de legalidad y clamar por bienes que, en esencia, representan un monumento a la impunidad y al abuso de poder.

La postura del exmandatario, que a través de sus representantes legales ha llegado a calificar de "exageración" la acción de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), es una muestra palpable del cinismo con el que se ha conducido. ¿Cómo puede alguien, sobre quien pesan acusaciones de desviar miles de millones de pesos, sentirse con la autoridad moral para cuestionar una acción de gobierno que busca restituir un bien tan preciado y escaso como el agua al dominio público?

Como bien ha señalado el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, la actitud de Duarte no es más que una "muestra de cinismo que genera indignación". Es una bofetada para los chihuahuenses que, día con día, sufren los estragos de una de las sequías más severas de los últimos años. Mientras miles de familias ven limitado su acceso al agua, en el rancho del exgobernador se acaparaban ilegalmente millones de litros para beneficio personal, alterando el cauce natural de los arroyos y afectando a toda una cuenca.

La demolición de estas presas no es un acto de persecución política, como pretende hacer creer el duartismo y sus apologistas. Es una acción apegada a derecho que busca corregir una flagrante violación a la Ley de Aguas Nacionales. Es, en el fondo, un acto de justicia elemental para con un pueblo sediento.

La intentona de Duarte por convertirse en acusador y víctima es una estrategia mediática burda y desesperada. Olvida el exgobernador que su sexenio ha quedado marcado a fuego en la memoria colectiva como sinónimo de corrupción y despilfarro. Olvida, también, que la justicia, aunque a veces tardía, no claudica.

Más allá del debate sobre la propiedad de la tierra o la legalidad de las construcciones, lo que subyace es una profunda crisis moral. La defensa de Duarte de sus presas ilegales es la defensa de un privilegio nacido de la corrupción. Es la manifestación de un interés egoísta y personal por encima del bienestar colectivo.

Las autoridades, tanto la Fiscalía General del Estado (FGE) como la Fiscalía General de la República (FGR), tienen la ineludible responsabilidad de acelerar las diligencias en todos los procedimientos penales que involucran a César Duarte. Chihuahua no puede permitirse la sombra de la impunidad. La justicia para el estado no será completa hasta que todos aquellos que participaron en el saqueo de sus recursos enfrenten las consecuencias de sus actos.

El caso de las presas de "El Saucito" es un doloroso recordatorio de hasta dónde puede llegar la ambición desmedida. Pero también es una oportunidad para reafirmar que nadie está por encima de la ley. La lucha contra la corrupción es una batalla por la dignidad y el futuro de Chihuahua. Y en esa batalla, no puede haber espacio para la clemencia con quienes, como Duarte, demuestran una y otra vez no tener la más mínima catadura moral para reclamar lo que nunca, en justicia, les perteneció.