La memoria es incómoda para quienes han construido su discurso sobre la desinformación y la conveniencia política. Por eso resulta indispensable recordar quiénes son los que hoy levantan la bandera de la "censura", cuando durante años guardaron silencio —o incluso participaron— en prácticas que buscaban acallar voces incómodas.
La presidenta Claudia Sheinbaum puso sobre la mesa una contradicción que muchos prefieren ignorar. El caso de Alejandro "Alito" Moreno es quizá el ejemplo más evidente. Cuando la gobernadora Layda Sansores difundía audios que exhibían presuntos actos de corrupción en el programa Martes del Jaguar, el dirigente nacional del PRI no defendió la libertad de expresión. Por el contrario, promovió acciones legales para retirar ese contenido y evitar que se siguiera hablando de él. En aquel momento no hubo discursos apasionados sobre el derecho de las audiencias a conocer toda la información ni llamados a proteger el debate público. La prioridad era impedir que las revelaciones continuaran.
En ese mismo contexto aparecen las opiniones de Sergio Sarmiento y otros comentaristas que insisten en presentar como hechos lo que muchas veces son interpretaciones o afirmaciones sin sustento verificable. El problema no es que exista crítica al gobierno; en una democracia esa crítica es indispensable. El problema surge cuando se pretende sustituir la evidencia por la especulación y convertir la opinión en una verdad absoluta sin ofrecer pruebas que la respalden.
La discusión de fondo no gira alrededor de censurar periodistas ni de limitar el debate público. Lo que está sobre la mesa es el derecho constitucional de las audiencias a recibir información diferenciada entre hechos y opiniones, a contar con mecanismos de rectificación cuando existan errores y a ejercer plenamente el derecho de réplica. Derechos que existen precisamente para fortalecer la libertad de expresión, no para debilitarla.
Quienes ayer defendían instituciones bajo consignas como "El INE no se toca" ahora sostienen que el mismo instituto pretende censurarlos cuando aplica las reglas que ellos mismos respaldaban. La consistencia parece depender únicamente de quién resulte afectado.
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Una democracia madura requiere prensa libre, pero también periodismo responsable, transparencia y mecanismos que protejan a las audiencias frente a la desinformación.
