Hay quienes creen que los derechos de las mujeres son una conquista irreversible. Que una vez alcanzados, nadie puede arrebatarlos. La historia demuestra exactamente lo contrario.
En distintas partes del mundo han resurgido movimientos políticos y culturales de ultraderecha que cuestionan derechos que parecían consolidados. Algunos atacan el derecho a decidir sobre el propio cuerpo. Otros buscan limitar la participación de las mujeres en la vida pública. Y los más radicales incluso han llegado a plantear que el voto femenino fue un error histórico o que las mujeres deberían delegar sus decisiones políticas en sus esposos.
Puede parecer una discusión lejana, propia de redes sociales o de grupos marginales. No lo es.
Toda idea que normaliza la subordinación de las mujeres termina produciendo consecuencias reales. Porque cuando una sociedad deja de ver a las mujeres como ciudadanas plenas, comienza a verlas únicamente como cuidadoras, madres o esposas. Y cuando eso ocurre, la violencia encuentra terreno fértil para crecer.
México conoce demasiado bien ese riesgo.
Nuestro país sigue enfrentando una emergencia de violencia de género. Tan sólo en la Ciudad de México se registraron 20 feminicidios durante los primeros meses de 2026, mientras organizaciones internacionales siguen alertando sobre el crecimiento de distintas formas de violencia contra las mujeres.
Al mismo tiempo, millones de mexicanas sostienen la economía nacional con trabajo invisible. De acuerdo con datos oficiales, las mujeres dedican cerca del doble de tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. En promedio realizan casi 40 horas semanales de estas tareas, frente a poco más de 18 horas de los hombres.
Ese trabajo tiene un valor económico gigantesco. El INEGI estima que las labores domésticas y de cuidados equivalen a cerca de una cuarta parte del Producto Interno Bruto nacional, y son realizadas principalmente por mujeres.
Ahora imaginemos por un momento el modelo que algunos sectores extremistas promueven: mujeres fuera de la esfera pública, dependientes económicamente, limitadas al hogar y con menor capacidad de decisión política.
¿Qué ocurriría en un país donde millones de mujeres ya enfrentan violencia económica, patrimonial y familiar?
La respuesta es evidente: aumentaría la vulnerabilidad.
Porque la autonomía económica salva vidas.
Porque el acceso al poder político salva vidas.
Porque la educación salva vidas.
Porque la capacidad de decidir sobre el propio destino salva vidas.
La lucha de las mexicanas nunca fue únicamente por votar. Fue por ser reconocidas como personas completas. Ciudadanas con derechos, con voz, con patrimonio, con capacidad para gobernar, emprender, investigar, crear, dirigir empresas, encabezar universidades y conducir el destino de la nación.
Hoy México tiene por primera vez una mujer en la Presidencia de la República. No es una casualidad histórica. Es el resultado de generaciones enteras que enfrentaron discriminación, violencia y exclusión para abrir camino a las siguientes.
Por eso resulta tan peligroso romantizar discursos que pretenden reducir a las mujeres a un único papel social.
Ser madre es una de las tareas más trascendentes que existen.
Ser esposa puede ser una elección profundamente valiosa.
Pero ninguna mujer debe ser obligada a ser únicamente eso.
La libertad consiste precisamente en poder elegir.
La democracia mexicana no necesita menos mujeres participando. Necesita más.
Más mujeres votando.
Más mujeres gobernando.
Más mujeres tomando decisiones económicas.
Más mujeres ocupando espacios científicos, tecnológicos y culturales.
Cada derecho conquistado costó décadas de lucha. Ninguna generación tiene el derecho de darlo por sentado.
Porque cuando una sociedad intenta devolver a las mujeres al silencio, lo que realmente está haciendo es renunciar a la mitad de su talento, de su inteligencia y de su capacidad para construir un mejor futuro.
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Y México no puede darse ese lujo.
