El desafío de actualizar las legislaciones estatales para que la nueva política de vivienda se traduzca en ciudades ordenadas, sustentables y con bienestar
México se prepara para construir vivienda a una escala que no habíamos visto en años. Pero antes de celebrar cuántas casas vamos a construir, deberíamos hacernos una pregunta mucho más incómoda:
¿Dónde vamos a ponerlas?
Porque una cosa es construir vivienda. Otra, mucho más difícil, es construir ciudad.
Podemos levantar miles de casas, pero si las hacemos lejos de los centros de trabajo, sin transporte suficiente, sin escuelas, sin servicios y sin garantizar algo tan básico como el agua, estaremos repitiendo errores que ya conocemos.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto la vivienda en el centro de su proyecto de bienestar, con una de las metas de construcción más ambiciosas de las últimas décadas. Es una enorme oportunidad para miles de familias que durante años han visto cada vez más lejos la posibilidad de tener una casa propia.
Pero para que esa política tenga éxito hace falta algo más que presupuesto, suelo y construcción.
También necesitamos actualizar nuestras leyes.
Durante mucho tiempo nuestras ciudades crecieron hacia donde había suelo disponible y barato, no necesariamente hacia donde era mejor vivir.
El resultado está a la vista.
Fraccionamientos alejados. Traslados interminables. Servicios públicos que tienen que recorrer cada vez mayores distancias. Familias que consiguieron una casa, pero terminaron pagando un costo altísimo en tiempo, transporte y calidad de vida.
No deberíamos volver a hacerlo.
El problema es que nuestras ciudades cambiaron mucho más rápido que nuestras reglas.
Hoy tenemos zonas metropolitanas que abarcan varios municipios, suelo urbano cada vez más caro, problemas de disponibilidad de agua, mayores necesidades de movilidad y personas que viven cada vez más lejos de donde trabajan.
Sin embargo, en muchos lugares seguimos intentando ordenar esta nueva realidad con leyes, reglamentos e instrumentos de planeación diseñados para ciudades que ya no existen.
No podemos construir las ciudades del futuro con las leyes del pasado.
Ese es uno de los grandes desafíos que acompaña a la nueva política nacional de vivienda.
La Federación puede establecer metas, destinar recursos e impulsar la construcción. Pero tarde o temprano cada proyecto aterriza en un estado y, finalmente, en un municipio.
Y ahí comienzan las preguntas importantes.
¿Hay agua suficiente? ¿Qué uso de suelo tiene el terreno? ¿Existe transporte? ¿Hay escuelas cerca? ¿Quién llevará los servicios? ¿Qué densidad se permite? ¿Cómo se conecta ese desarrollo con el resto de la ciudad?
Parecen asuntos técnicos.
No lo son.
Son decisiones que determinan cómo va a vivir una familia durante los próximos veinte o treinta años.
Por eso los congresos locales tienen frente a ellos una tarea que no puede quedarse para después: revisar y actualizar sus leyes en materia de vivienda, desarrollo urbano y ordenamiento territorial.
Y los municipios deben hacer lo mismo con sus planes y reglamentos.
No para quitar reglas.
Para tener mejores reglas.
Reglas que permitan construir vivienda donde ya existen servicios e infraestructura. Que faciliten aprovechar mejor el suelo dentro de las ciudades antes de seguir extendiéndolas. Que protejan las zonas ambientales. Que vinculen el crecimiento urbano con la disponibilidad real de agua. Y que entiendan, de una vez por todas, que vivienda, movilidad y empleo no pueden seguir planeándose por separado.
Hay algo que pocas veces tomamos en cuenta: una casa puede ser barata al momento de comprarla, pero muy cara para vivir en ella.
Si una persona tiene que tomar tres transportes para llegar a su trabajo, si pasa varias horas diarias trasladándose o si tiene que recorrer kilómetros para llevar a sus hijos a la escuela, esa vivienda dejó de ser tan accesible como parecía.
Por eso hablar de vivienda también es hablar de tiempo.
Del tiempo que perdemos en el tráfico.
Del tiempo que tardamos en llegar al trabajo, a la escuela o al médico.
Y, sobre todo, del tiempo que dejamos de pasar con nuestra familia.
Ese costo también debería formar parte de la manera en que pensamos nuestras ciudades.
La nueva política de vivienda abre una oportunidad que va mucho más allá de construir casas.
Puede servir para corregir la forma en que han crecido nuestras ciudades. Para acercar la vivienda al empleo. Para recuperar espacios urbanos. Para aprovechar mejor la infraestructura que ya tenemos. Para hacer ciudades más compactas, mejor conectadas y más sustentables.
Y, sobre todo, para cambiar una pregunta.
En lugar de preguntarnos solamente dónde podemos construir, deberíamos empezar a preguntarnos dónde puede vivir mejor la gente.
Ese cambio parece pequeño, pero cambia prácticamente todo.
Para lograrlo, los tres órdenes de gobierno tienen que hacer su parte.
El Gobierno Federal está impulsando una política de vivienda de enorme alcance. Los estados tienen que acompañarla actualizando sus leyes y fortaleciendo el ordenamiento territorial. Los municipios deben modernizar sus planes de desarrollo urbano y garantizar que el crecimiento tenga servicios, infraestructura y conectividad.
También el sector privado tiene una responsabilidad: participar bajo reglas claras y con una visión de largo plazo, entendiendo que desarrollar vivienda no significa solamente construir casas, sino formar comunidades.
Porque una vivienda no termina cuando una familia recibe las llaves.
Vivienda también es abrir la llave y tener agua.
Es contar con transporte cerca.
Es que haya una escuela para tus hijos.
Es poder caminar por tu colonia.
Es tener un parque.
Y es poder regresar a casa sin haber perdido una parte importante del día en el camino.
Eso también es bienestar.
Estamos frente a la posibilidad de construir cientos de miles de nuevos hogares y, con ellos, una parte importante del México de las próximas décadas.
Sería un error hacerlo con las mismas reglas que contribuyeron a muchos de los problemas urbanos que hoy intentamos resolver.
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