Familiares de los normalistas desaparecidos llevan su exigencia de verdad y justicia a la Suprema Corte
A casi 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, madres y padres de los jóvenes llevaron nuevamente su exigencia de verdad y justicia hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde fueron recibidos por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz.
El encuentro ocurrió este jueves 24 de septiembre, después de que los familiares se manifestaran frente a las instalaciones del máximo tribunal del país. La reunión comenzó alrededor de la una de la tarde y, de acuerdo con los reportes disponibles al momento, continuaba mientras los padres y madres exponían sus planteamientos ante el titular de la Corte.
La protesta colocó nuevamente en el centro del debate el papel que corresponde al Poder Judicial de la Federación frente a una investigación que continúa abierta y en la que permanecen pendientes distintas diligencias, recursos judiciales y solicitudes de información consideradas relevantes por las familias.
Los padres llegaron a la SCJN con un reclamo concreto: que las resoluciones judiciales relacionadas con la entrega de información militar sean cumplidas y que el Poder Judicial contribuya a evitar que los procedimientos legales terminen convirtiéndose en obstáculos para conocer qué ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014.
Los 853 folios, nuevamente en el centro de la exigencia
Uno de los principales puntos planteados durante la manifestación fue la situación de 853 folios relacionados con información generada en 2014 por instancias de inteligencia militar.
Isidoro Vicario, abogado de las familias, señaló que existe una sentencia de un juzgado federal que ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional entregar esa documentación a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
La existencia de esta resolución fue reportada desde marzo de 2026. En ese momento, la propia Presidencia de la República reconoció que un juzgado había ordenado al Ejército entregar la información generada por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia durante 2014.
Además, la Secretaría de Gobernación mantiene registrada entre las actuaciones relevantes de 2026 la resolución judicial relacionada con la entrega de documentos del caso.
Para las familias, esos documentos podrían aportar elementos sobre las circunstancias que rodearon la desaparición de los estudiantes y sobre las actuaciones realizadas durante las horas posteriores al ataque.
El reclamo, sin embargo, no se limita a la existencia de una sentencia. El punto central es su cumplimiento.
De acuerdo con el abogado de los padres, la Defensa impugnó la resolución, por lo que el fallo no habría quedado firme y la entrega de los documentos permanece en disputa judicial.
La controversia adquiere especial relevancia porque los 853 folios forman parte de una discusión que lleva años. En 2023, la Comisión para la Verdad reportó que las familias habían solicitado información relacionada con cientos de folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala. Posteriormente, el Gobierno federal informó que había localizado nuevos documentos dentro de los archivos revisados.
Las familias cuestionan el papel del Poder Judicial
Frente a la sede de la SCJN, los familiares sostuvieron que el Poder Judicial tiene una responsabilidad directa en los procesos de amparo vinculados con el caso.
La exigencia ocurre además en un momento de transformación institucional del Poder Judicial, cuya nueva integración comenzó funciones en septiembre de 2025. Hugo Aguilar Ortiz encabeza actualmente la Suprema Corte y, durante su primer año al frente del máximo tribunal, ha defendido públicamente la autonomía y el funcionamiento de la nueva estructura judicial.
En este contexto, la llegada de los padres de Ayotzinapa a la Corte representa también una prueba para la capacidad del nuevo Poder Judicial de responder a uno de los expedientes de derechos humanos más emblemáticos de las últimas décadas.
Magdalena Maestro, madre de Antonio Santana, sostuvo durante la movilización que las familias no aceptarán que se retire responsabilidad al Ejército y reiteró que su demanda permanece centrada en conocer la verdad y obtener justicia.
Sus palabras condensan una exigencia que los padres han mantenido durante años: que la investigación no se cierre sin esclarecer el paradero de los estudiantes ni determinar las responsabilidades correspondientes.
El caso Ayotzinapa continúa abierto
La reunión con Hugo Aguilar ocurre mientras el Gobierno federal sostiene que existen nuevas líneas de investigación sobre la desaparición de los estudiantes.
El pasado 27 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó una reunión con madres y padres de los 43 normalistas, en la que fueron presentados avances de las investigaciones y acciones relacionadas con la búsqueda, el esclarecimiento de los hechos y la justicia. En el encuentro participaron funcionarios de la Secretaría de Gobernación, la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y representantes de organismos y organizaciones de derechos humanos.
La investigación también ha generado nuevas actuaciones judiciales durante 2026. En agosto, la Fiscalía General de la República informó sobre la obtención de prisión preventiva contra un exgobernador de Guerrero, identificado como Ángel “N”, por su posible participación en el delito de desaparición forzada, dentro de las investigaciones relacionadas con los 43 estudiantes. La autoridad federal señaló que el expediente fue sometido a un nuevo análisis para abrir líneas de investigación adicionales.
En marzo, además, autoridades federales detuvieron en Iguala a un exservidor público municipal presuntamente relacionado con el caso. El Gabinete de Seguridad informó entonces que la detención derivó de trabajos de investigación y seguimiento y que el hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público.
Estos movimientos muestran que el expediente continúa generando actuaciones tanto en el ámbito de la investigación penal como en el terreno judicial.
La exigencia que llega a la nueva Corte
La presencia de los padres y madres de los 43 en la Suprema Corte coloca una pregunta central sobre la mesa: cuál será el papel del Poder Judicial frente a las resoluciones y recursos que inciden directamente en el acceso a información relacionada con la desaparición de los estudiantes.
Para las familias, la discusión no es únicamente jurídica. Cada documento solicitado forma parte de una búsqueda que comenzó la madrugada del 27 de septiembre de 2014 y que, desde entonces, ha atravesado investigaciones, informes, procesos penales, controversias judiciales y distintas instancias nacionales e internacionales.
La SCJN tiene ahora frente a sí el planteamiento directo de quienes llevan casi 12 años buscando a sus hijos.
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Mientras el encuentro entre Hugo Aguilar Ortiz y los familiares continuaba, el reclamo permanecía definido en términos concretos: verdad, justicia, esclarecimiento de los hechos y cumplimiento de las determinaciones judiciales relacionadas con la información que las familias consideran indispensable para avanzar en la investigación.
El caso Ayotzinapa, por tanto, vuelve a tocar las puertas del máximo tribunal del país. Esta vez, las madres y padres de los 43 llegaron personalmente para pedir que la justicia no se limite a los expedientes, sino que contribuya a esclarecer uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de México.
