México vive un momento clave en la discusión sobre la protección del patrimonio cultural y los derechos de los pueblos originarios. En medio de un contexto donde el turismo, las marcas y la industria cultural utilizan cada vez más símbolos identitarios del país, ha comenzado a tomar fuerza una conversación fundamental: distinguir entre el patrimonio arqueológico, que pertenece a toda la nación, y el patrimonio antropológico, que protege las expresiones culturales vivas de los pueblos indígenas y afromexicanos.
El patrimonio arqueológico está conformado por monumentos, vestigios y símbolos históricos que forman parte de la identidad nacional y cuya administración corresponde al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Su uso comercial ya cuenta con mecanismos legales claros. Un ejemplo reciente ocurrió con la marca Adidas, que pagó más de 40 mil pesos por utilizar el símbolo del Sol Azteca en los jerseys de la Selección Mexicana rumbo al Mundial, conforme al artículo 288-C de la Ley Federal de Derechos, el cual establece el pago de derechos por la reproducción de monumentos arqueológicos e históricos.
Otro caso reciente fue el de Coca-Cola, que solicitó autorización al INAH para utilizar la imagen de Kukulkán y espacios arqueológicos como escenografía de marcas vinculadas al Mundial. Ambos ejemplos reflejan que, en el caso del patrimonio arqueológico, México ya cuenta con reglas, procedimientos y autoridades claramente definidas para regular su uso.
La discusión no gira en torno a prohibir, sino a ordenar y garantizar certeza jurídica para todos los actores involucrados.
Sin embargo, el debate se vuelve más complejo cuando se trata del patrimonio antropológico: las expresiones culturales vivas de los pueblos originarios, como símbolos, tradiciones, textiles, lengua, ceremonias y conocimientos ancestrales. En este terreno, México dio un paso histórico con la creación de la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, impulsada durante la Cuarta Transformación como un acto de justicia histórica para reconocer derechos culturales que durante décadas fueron invisibilizados.
No obstante, el reciente caso relacionado con Grupo Xcaret —que incluso escaló hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación— evidenció uno de los grandes retos del nuevo modelo: la falta de reglamentación de esta ley.
La ausencia de lineamientos claros sobre representación, autorizaciones y mecanismos de participación genera incertidumbre jurídica tanto para comunidades como para empresas e instituciones. El desafío de fondo no es detener el desarrollo turístico o cultural, sino construir reglas claras que permitan armonizar inversión, patrimonio y bienestar compartido.
Durante el pasado Tianguis Turístico, esta discusión también estuvo presente a través del impulso al turismo comunitario, promovido como una estrategia para que los pueblos indígenas y afromexicanos participen directamente en la actividad turística y se beneficien de manera justa de su riqueza cultural. La propuesta plantea un cambio de paradigma: que las comunidades no solo sean observadas como guardianas culturales, sino como protagonistas del desarrollo y de la prosperidad compartida.
El turismo comunitario abre la posibilidad de que el patrimonio antropológico deje de ser únicamente un símbolo utilizado por terceros y se convierta en una herramienta de bienestar para quienes históricamente han preservado esa cultura viva. Bajo esta visión, la riqueza cultural de México puede transformarse en desarrollo regional, generación de empleo y fortalecimiento comunitario, siempre que existan reglas claras que garanticen participación justa y certeza jurídica.
La Cuarta Transformación ha colocado sobre la mesa una discusión de fondo: cómo construir un modelo donde la cultura, el turismo y el desarrollo económico convivan bajo principios de justicia social y bienestar para todas y todos. El objetivo no es prohibir el uso del patrimonio cultural, sino regularlo correctamente para evitar abusos, dar orden y garantizar que los beneficios lleguen también a los pueblos originarios.
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Hoy México enfrenta el reto de pasar de la ley al funcionamiento real. La reglamentación pendiente representa la oportunidad de consolidar un modelo donde el patrimonio antropológico pueda protegerse sin frenar el crecimiento económico y donde la riqueza cultural del país se traduzca en prosperidad compartida para quienes durante siglos han resguardado su legado.
