PERSONAS EN PRISIÓN: LAS GRANDES EXCLUIDAS EN EL DEBATE JUDICIAL

La cárcel es uno de los lugares más afectados por las decisiones del Poder Judicial y, paradójicamente, uno de los más ignorados por él.

Hace algunos años, en un penal de la Ciudad de México, llegamos —como cada semana— a dar un taller. Entrar a una cárcel implica pasar por uno o varios filtros de seguridad. En el último, nos esperaba para escoltarnos un custodio que ya conocía nuestra rutina, así como a las personas privadas de la libertad que participaban en el taller.

Al recibirnos, comenzamos a caminar por el pasillo central del penal. A los lados, como si se tratara de un mercado improvisado, puedes ver internos trabajando: unos venden paletas, otros hacen muebles en talleres de carpintería, mientras que algunos tallan figuras en resina y otros atienden tienditas. Cada uno hace lo posible por sobrevivir ahí dentro, y también —muchas veces— por seguir manteniendo a su familia desde prisión.

Ese día, caminaba al salón donde impartiríamos la clase junto a Roberto (cambio su nombre para protección de identidad), uno de los internos que más participaba en nuestros talleres de salud mental y capacitación laboral. Conversábamos, como tantas veces, sobre lo difícil que es vivir ahí, sobre cómo muchos luchan por no perder la cabeza y por no rendirse. A menudo hablábamos de lo diferente que sería todo si más personas conocieran esta realidad, o bien si se garantizaran los derechos laborales en prisión, y si el sistema mirara más allá del encierro.

En medio de esa caminata, Roberto se detuvo, me miró y me dijo —parafraseo—:

“Imagínate, Majo, que los jueces vinieran aquí. Que vieran a la banda chambeando, tallando madera, vendiendo lo que pueden, haciendo lo que sea para salir adelante. ¿Tú crees que, si vieran esto, seguirían metiendo a la gente así nomás? Sin ver el contexto, sin escuchar, sin preguntar. ¿Tú crees que no les daría por mejorar esto, por tratar de hacer justicia de verdad? O mínimo, por ver que uno sí quiere salir adelante, estar bien, hacer las cosas diferente.”

Se quedó en silencio. Yo también. Porque lo que decía era tan cierto: los jueces deciden el futuro de miles de personas, pero jamás pisan los lugares donde esas decisiones se vuelven vida cotidiana. En esos años, nadie hablaba de reformar el Poder Judicial. La idea de que un juez entrara a una cárcel para ver lo que hay, lo que duele, lo que falta… sonaba tan lejana como irreal. Una utopía formulada en un pasillo y dicha al aire, pero que desde ese día me acompaña como una pregunta incómoda: ¿cómo se puede impartir justicia sin mirar a los ojos a quienes más la viven?

Ahora, en el contexto de las recientes Elecciones Judiciales en México, esa pregunta vuelve con más fuerza, ya que, nuevamente, las personas que están en prisión han quedado completamente al margen del debate. Quienes habitan las cárceles son quienes más directamente viven las fallas del sistema de justicia, pero también quienes menos consideración tienen en su transformación. No porque no tengan voz, sino porque no hay voluntad institucional y política para escucharles.

El aumento de la prisión preventiva oficiosa es solo una muestra de esa lógica punitiva: se encarcela más, pero no se garantiza justicia. Se celebran cifras de detenciones, pero no cuántas personas han tenido un juicio justo, ni cuántas han podido reconstruir su vida fuera del ciclo de violencia tras cumplir una sentencia. Y aunque no todos los jueces pisan una cárcel, hay quienes sí podrían hacerlo. Juezas y jueces de ejecución tienen la facultad de supervisar condiciones, ordenar mejoras y velar por los derechos de quienes ya están bajo custodia del Estado.

El Poder Judicial no siempre sanciona a quienes más dañan, sino a quienes menos pueden defenderse. No juzga con la misma severidad a quienes concentran poder que a quienes enfrentan desigualdad.

Replantear la justicia implica preguntarnos si las decisiones judiciales están ayudando a cerrar brechas, prevenir violencias y abrir caminos reales hacia la reinserción social.

Por eso, en estas elecciones judiciales y en todas las discusiones sobre el sistema de justicia, es urgente incorporar a quienes viven sus consecuencias todos los días. No se puede hablar de justicia sin quienes han sido directamente afectados por sus fallas.

No se puede hablar de democracia si se excluye a quienes más necesitan ser escuchados. El Poder Judicial solo podrá transformarse si deja de decidir sobre las personas privadas de la libertad y empieza, por fin, a decidir con ellas.