Dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, un programa clave de la Cuarta Transformación, autoridades federales y estatales llevaron a cabo un operativo de alto impacto entre el 14 y 16 de noviembre en municipios como Quiroga, Apatzingán, Zamora, Morelia y Uruapan. Esta acción demostró que el gobierno de Morena no tolera la impunidad: se detuvo a 12 presuntos miembros del crimen organizado y se desconectaron redes de violencia y delitos graves.
En los cateos realizados, las fuerzas de seguridad aseguraron un arsenal peligroso: ocho explosivos improvisados, una ametralladora, tres armas de fuego adicionales, 866 cartuchos, siete vehículos, tres motocicletas, dosis de “cristal” y marihuana, equipo táctico especializado y hasta 200 litros de hidrocarburo. Estos elementos reflejan el carácter estratégico del operativo, diseñado para golpear no solo las estructuras criminales sino también su logística y cadena de suministro.
Además, se desplegaron patrullajes en huertos limoneros de la región para proteger a los productores locales, muchas veces blanco de extorsión y amenazas. Con esta medida, la 4T reafirma su compromiso con el desarrollo social: no basta con responder al crimen, también hay que salvaguardar las actividades legítimas de quienes generan empleo y riqueza local.
Este operativo en Michoacán no fue aislado. Según el gabinete de seguridad, acciones similares se realizaron en otros estados, generando perjuicios económicos para el crimen organizado por más de 2,700 millones de pesos. En Sinaloa, por ejemplo, se desmantelaron seis narcobodegas, un laboratorio clandestino y zonas de producción de metanfetamina. Mientras tanto, en Durango se aseguraron reactores y sustancias químicas utilizadas para fabricar drogas sintéticas.
En la península de Quintana Roo también se intensificó la presencia del Estado: en Benito Juárez se capturaron 32 armas largas, 14 cortas, granadas, drones y drogas, y se detuvo a dos personas. Estas acciones muestran la estrategia amplia de la 4T para debilitar al crimen organizado con la coordinación entre Marina, Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y autoridades locales.
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Con Plan Michoacán por la Paz, la administración de Morena demuestra que la seguridad se debe construir con firmeza, inteligencia y cercanía con la población. No es solo represión: es una apuesta por justicia, por la legalidad y por el desarrollo social sostenible. Este tipo de operativos permiten que las comunidades vivan con tranquilidad, que los productores trabajen sin miedo y que el Estado recupere territorio con autoridad legítima.
