A raíz de los sucesos recientes en una planta de almacenamiento ubicada en San José Iturbide, Guanajuato, el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar enfatizó la urgencia de que el Estado mexicano actualice sus estrategias contra el huachicol y consolide la supervisión de la cadena de suministro.
El legislador señaló que este ilícito ha rebasado la simple toma clandestina en ductos, por lo que ahora se requiere un control estricto en cada etapa de distribución.
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La propuesta legislativa busca reformar cuatro leyes para establecer un modelo integral basado en:
- Prevención mediante tecnología.
- Trabajo interinstitucional.
- Investigación y persecución penal.
- Rastro de los recursos económicos y bienes relacionados.
"El propósito es que los datos que ya manejan las empresas funcionen como una barrera preventiva real, evitando que una alerta pase desapercibida para las autoridades correspondientes", puntualizó.
Puntos clave de la propuesta:
- Controles volumétricos estrictos: Se fija un margen de discrepancia del 1.5% para hidrocarburos líquidos y del 3% para gases, excluyendo pérdidas técnicas comprobadas.
- Avisos oportunos: Las empresas deberán notificar cualquier anomalía al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en un plazo de 24 horas. A su vez, Hacienda presentará la denuncia digital en un máximo de 48 horas hábiles, notificando a la Secretaría de Energía, la FGR y la UIF.
- Nuevo tipo penal: Se tipifica como delito la discrepancia volumétrica sin justificación legal dentro de los negocios regulados.
- Sanción al "huachicol de barril": Se castigará la venta clandestina de combustible en vías públicas, predios o domicilios sin comprobación de origen.
- Seguimiento financiero y extinción de dominio: Se facilitará el aseguramiento de bienes, vehículos e instalaciones ligadas a estos delitos, agilizando las resoluciones judiciales en un lapso no mayor a 48 horas.
"Debemos seguir tanto el rastro del combustible como el del dinero", concluyó Ramírez Cuéllar al recalcar que estas medidas blindarán los ingresos del país, la seguridad en el sector energético y el orden en el mercado.
