El Consejo Ciudadano de Planeación del Municipio de Othón P. Blanco expresó su preocupación por las narrativas de desinformación que se han generado en torno al ajuste de uso de suelo en Mahahual, al advertir que estas pueden incidir negativamente en la inversión privada más relevante que ha tenido el sur de Quintana Roo, una región históricamente rezagada en términos de desarrollo y oportunidades.
A través de su presidente, Jaime Aguilar Cheluja, el Consejo afirmó que la modificación aprobada por el Cabildo municipal se realizó conforme a derecho, dentro de las facultades legales del municipio y en apego a los instrumentos de planeación urbana vigentes, descartando que se trate de una actuación irregular o fuera del marco normativo.
El presidente del organismo señaló que existen publicaciones que sugieren opacidad en el proceso, particularmente por una supuesta falta de consulta pública, así como por la suspensión provisional concedida por un juez federal. No obstante, explicó que la consulta pública es obligatoria únicamente cuando los programas de planeación municipal se formulan por primera vez o se actualizan de manera integral, lo cual no corresponde al caso de Mahahual.
Detalló que el ajuste autorizado se limita a una superficie de 107.67 hectáreas, lo que representa apenas el 3.19% de las 3,373.25 hectáreas que conforman el Programa de Desarrollo Urbano, sin modificar la estructura general del instrumento de planeación.
Aguilar Cheluja advirtió que los juicios adelantados que se están construyendo alrededor del proceso generan una narrativa de desinformación que distorsiona los hechos técnicos y jurídicos, por lo que llamó a que la discusión pública se base en información verificable y en el respeto a los procedimientos institucionales.
Finalmente, el presidente del Consejo señaló que resulta relevante que el debate sobre el desarrollo del sur del estado se dé con responsabilidad y sustento técnico, considerando que se trata de una región que requiere desarrollo ordenado, legal y sustentable, en concordancia con los objetivos de bienestar y justicia territorial impulsados desde el ámbito público.
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