El Min. Hugo Aguilar Ortiz defendió su postura de revertir la tendencia histórica de imponer decisiones sin consultar a las comunidades indígenas.
La discusión reciente en la Suprema Corte sobre el caso de Yum Balam dejó claro que el debate ambiental en México no puede seguir construyéndose sin las comunidades que habitan los territorios.
Los ejidos de Holbox, integrados por comunidades mayas, promovieron un amparo contra el decreto que creó el Área Natural Protegida. No se oponen a la conservación. Lo que impugnan es que las restricciones se hayan impuesto sin consulta previa.
Esto llevó a la Corte a discutir un tema muy importante, ¿es válido establecer medidas de protección ambiental sin incorporar la voz de quienes viven en esas áreas?
Durante su intervención, el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, planteó tres puntos clave.
El primero: las comunidades tienen derecho a participar.
“Los ejidos tienen derecho de participación libre, efectiva, significativa e informada en la toma de decisiones que puedan afectar sus derechos”, señaló.
Esto implica que no basta con proteger un territorio; es necesario incluir a quienes viven en él desde el inicio.
El segundo: la protección ambiental no justifica la imposición.
El ministro planteó una pregunta directa: en un territorio de más de 150 mil hectáreas completamente decretado como Área Natural Protegida, ¿es posible que quienes viven ahí no se vean impactados? La respuesta es evidente: no.
Por eso insistió en que no se puede tomar decisiones sin su participación.
Y el tercero: es necesario cambiar una lógica histórica.
“Si nosotros quisiéramos resumir la historia de los pueblos indígenas, es historia de despojos y de imposiciones”, afirmó, haciendo un llamado a revertir esa forma de actuar.
Y fue más allá al advertir un riesgo de fondo: que el Estado —o incluso la propia Corte— termine decidiendo qué es lo mejor para las comunidades, bajo la idea de que no pueden participar en esas decisiones.
Estos planteamientos tienen implicaciones directas en la forma en que se construye la conservación ambiental. Cuando ésta se diseña sin participación, pierde viabilidad. No hay acuerdos, no hay corresponsabilidad, no hay arraigo en el territorio.
Aquí aparece un fenómeno que ya hemos señalado. Cuando el ambientalismo se plantea contra el desarrollo, termina generando el problema que dice combatir. Sin alternativas económicas, sin participación comunitaria, sin modelos sustentables, los territorios quedan atrapados en el rezago.
En ese contexto surgen las llamadas economías de riesgo: pesca ilegal, caza furtiva, tala clandestina. No se trata de justificar estas prácticas, sino de entender que la exclusión también genera impacto ambiental.
Lo que planteó el presidente de la Suprema Corte no es frenar la conservación, sino hacerla efectiva. Incluir comunidades no debilita la protección ambiental, la vuelve más sólida. Cuando las comunidades participan, la conservación se vuelve corresponsable. Cuando quedan fuera, se vuelve frágil.
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Proteger el medio ambiente no es solo poner candados al territorio, sino construir condiciones para que esa protección funcione a largo plazo. Y eso requiere tres elementos que no pueden separarse: desarrollo, inclusión y participación comunitaria. Sin ellos, la conservación no se sostiene.
