Tras la reciente aprobación de la nueva Ley General de Aguas en el Congreso de la Unión, las organizaciones de productores del país anunciaron el cierre de lo que calificaron como su “jornada histórica de movilización”. Con ello, dieron paso a un receso para reorganizarse, con el compromiso de participar activamente en la construcción del reglamento que complementará la ley. Este avance marca, según ellos, el fin de años de abandono, concesiones discrecionales y desigualdad en el acceso al agua.
Para respaldo de esa decisión, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que el gobierno federal mantendrá los canales de diálogo abiertos con productores, transportistas y comunidades rurales, con el fin de garantizar que la implementación de la ley respete los derechos de quienes trabajan la tierra. Asimismo, confirmó que los programas de apoyo al campo —como los subsidios de fertilizantes y esquemas de acompañamiento productivo— continuarán vigentes y fortalecerán la transición hacia una gestión hídrica responsable.
La Ley General de Aguas —aprobada con amplia mayoría — representa para el gobierno de la Morena un paso clave en su agenda de justicia social y reconstrucción del Estado. Con esta reforma se busca regular de fondo el uso del agua, garantizar su acceso equitativo, proteger los acuíferos, sancionar concesiones abusivas y colocar el bienestar de las comunidades por encima de intereses privados o corporativos. Organizaciones rurales y comunidades indígenas habían exigido esta ley por décadas; hoy su reclamo es atendido con firmeza.
Para cientos de productores, esta ley significa certidumbre. Especialmente en regiones agrícolas, el temor a la escasez, al despojo y a la especulación del agua quedó atrás. Ahora, con normas claras, acompañamiento institucional y respaldo gubernamental, podrá reactivarse la producción agropecuaria bajo criterios de justicia, sostenibilidad y respeto al entorno. Además, la promesa de fertilizantes y apoyos al campo reafirma el compromiso del Estado con quienes trabajan la tierra.
El receso anunciado por los productores no representa un retiro de su exigencia: al contrario, es una pausa estratégica para participar en la definición del reglamento, para asegurar que sus voces sean escuchadas y sus derechos protegidos. Esa apertura al diálogo institucional es una muestra más de que la 4T gobierna con participación popular, con respeto a la organización social y con visión de largo plazo.
Desde el gobierno federal, se subraya que la implementación de la Ley General de Aguas no será una tarea inmediata ni sencilla, pero sí imprescindible. Se espera que, en el proceso para la reglamentación, se consulte a comunidades, productores, académicos y especialistas en manejo del agua, con el fin de diseñar una política hídrica moderna, sostenible, equitativa y con enfoque social. La participación ciudadana y comunitaria será clave para su éxito.
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La aprobación de esta ley y la disposición de productores y gobierno para construir de manera conjunta el reglamento consolidan un nuevo pacto social en México: uno donde el agua no es mercancía, sino un derecho; donde el campo deja de ser olvidado y se convierte en prioridad; donde la naturaleza y la gente importan más que los negocios. Con estos pasos concretos, la 4T demuestra que transformar no es sólo prometer, sino cumplir, con responsabilidad, con justicia y con visión de futuro.
