Una de las primeras líneas de acción para reducir la incidencia delictiva es generar una política de seguridad ciudadana, pero lo más importante es diseñar una política de prevención de las violencias, ésta última como eje nos permite reducir las desigualdades y por ende, la violencia en el país.
Todos hemos presenciado alguna vez o escuchado hablar sobre violencia física, sexual, psicológica, patrimonial y económica, pero pocos hemos escuchado hablar sobre “violencia estructural”. Dos palabras que deberían resultar “eco” en un país en donde se está trabajando diariamente en reducir la incidencia delictiva, y que sino atendemos o paramos la “violencia estructural”, seguiremos siendo un país violento.
La violencia estructural no tiene agresores, como en la violencia física o sexual, pues no implica la intervención de un violentador o alguien que inflija daño o muerte mediante la fuerza, sino que la violencia estructural se traduce en injusticia social. Cuando en la sociedad prevalecen necesidades básicas no cubiertas, derechos humanos que no se respetan o se vulneran, hay una omisión o ausencia del estado. De tal forma, que a las personas se les provoca o causa la muerte, debido a las deplorables condiciones en las cuales vive o sobrevive a causa de la pobreza. No cuenta con ingresos económicos, tiene un nulo acceso al agua, a los bienes y servicios básicos, los cuales no son accesibles en los territorios y que por ello, el Estado tendría que atender desde su responsabilidad, para garantizar el bienestar. Esto permitiría vislumbrar que al tener poca capacidad el estado desde sus instituciones, para proveer las necesidades humanas indispensables recurriría a una violencia estructural.
En consecuencia, “Atender las causas”, es atender el origen de la violencia, para erradicar la desigualdad, inequidad, pobreza o exclusión social y que sin la participación de todo el aparato del estados será difícil. Hay una fuerza política que debe romperse para no seguir precarizando a las personas en el ejercicio del poder, se debe continuar trabajando para que las instituciones de gobierno sean capaces de responder ante las necesidades que se presentan en los territorios porque no atender las violencias es seguir invisibilizando las desigualdades sociales y económicas.
La erradicación de las violencias estructurales será un paso más para impulsar la reconstrucción del tejido social, mayor participación social, política y una democracia sólida, que no signifique un temor más o que debilite la confianza en las instituciones.
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