El llamado “cártel inmobiliario” hace ruido nuevamente. Actualmente este se manifiesta de manera marcada en Alcaldías que han tenido administraciones de la misma coalición política. Esto me llamó mucho la atención al leer la nota periodística de la Jornada, por Sandra Hernández García a quien se le extiende el crédito.
De acuerdo con el Informe Anual de Actividades del ejercicio 2025 de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, esta institución identificó durante ese año un total de 63 inmuebles que rebasan los niveles y/o altura máxima de construcción así como violaciones a la zonificación y el uso de suelo en la Ciudad de México. Del total de estos inmuebles 12 se identificaron en la Alcaldía Miguel Hidalgo, convirtiéndose en la Alcaldía con más denuncias de esta índole seguida por Coyoacán con 10, ambas administradas por coaliciones que igual que en Benito Juárez en su momento presentaron un sinfín de denuncias por construcciones irregulares.
La importancia de estos datos me puso reflexionar en la configuración que hay detrás de la actividad inmobiliaria y su relación con el accionar día a día de las Alcaldías. La delimitación de los usos de suelo de cada espacio en la ciudad está contemplado normativamente en Ley de Desarrollo Urbano y materialmente en los Programas de Desarrollo Urbano para cada Alcaldía y/o Programas Parciales. Para el caso de Miguel Hidalgo, su Programa de Desarrollo Urbano tiene 18 años de expedición, un documento desfasado a las condiciones y necesidades urbanas actuales.
Esta misma ley enuncia que las Alcaldías tienen la obligación de vigilar el cumplimiento de los programas de desarrollo urbano y por consecuente y de manera exclusiva las atribuciones de ordenar, al personal especializado en funciones de verificación, adscritos a las Alcaldías, a la práctica de visitas de verificación administrativa en materia de Construcciones y Edificaciones, Desarrollo Urbano y Uso de suelo; dichas atribuciones plasmadas en la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México. Entonces cuando tú y yo vamos caminando por las zonas llenas de edificaciones irregulares eso se debe a que tu Alcaldía así como la mía además de no estar haciendo su trabajo conforme su obligación, tal vez ande viendo para otro lado, ¿pero por qué? y más importante ¿quién sale beneficiado de esa omisión?.
Cotidianamente en esta Ciudad vivimos conversaciones que se relacionan con la gentrificación, la transformación de las colonias, el alza en los precios de la vivienda y también la sobreexplotación de los servicios públicos en nuestros entornos. La omisión de permitir la edificación de construcciones irregulares que no cumplen con los usos de suelo, zonificaciones y reglamentos de construcción deja un mensaje claro y profundo. La persistencia de construcciones que contravienen la normatividad urbana plantea una pregunta inevitable: ¿hasta dónde estas irregularidades responden únicamente a fallas administrativas y hasta dónde reflejan omisiones o posibles redes de corrupción que debilitan la gobernanza del territorio? Más allá de las responsabilidades individuales que deberán ser determinadas por las autoridades competentes, el costo de estas omisiones termina recayendo sobre la ciudadanía, al profundizar la desigualdad territorial y debilitar el derecho a la ciudad.
En el caso de Miguel Hidalgo, la discusión sobre el llamado "Cártel Inmobiliario" no debería agotarse en el debate político o mediático. Lo verdaderamente relevante es preguntarnos por qué, durante años, han podido consolidarse desarrollos que hoy son señalados por incumplir la normatividad urbana y qué papel han desempeñado las autoridades encargadas de vigilar el uso del suelo y las construcciones. La verdadera discusión no es únicamente cuántos inmuebles presentan irregularidades, sino qué acciones concretas emprenderá la Alcaldía para evitar que estas prácticas continúen.
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Por último, es importante que reflexionemos que cuando la autoridad deja de ejercer sus facultades de supervisión y verificación, el territorio termina siendo administrado por intereses distintos al interés público. El costo de esa omisión no lo pagan los desarrolladores, sino nosotros los habitantes de la Alcaldía, quienes enfrentamos mayor presión sobre los servicios, pérdida de calidad urbana y una afectación directa a nuestro derecho a la ciudad.
