En una sesión reciente del Congreso del Estado de México, el legislador morenista Samuel Hernández Cruz presentó una iniciativa legislativa con ambición transformadora: propone aprovechar inmuebles municipales para uso del gobierno estatal, en lugar de seguir pagando costosos alquileres. Con ello, estima un ahorro superior a 400 millones de pesos al año. Los recursos resultantes —asegura— deben redirigirse a rubros prioritarios como la seguridad, la salud y la educación, pilares fundamentales del proyecto de la 4T.
La propuesta de Hernández Cruz busca acabar con el gasto innecesario en renta de oficinas y dependencias, aspecto que históricamente representa una carga para las finanzas públicas. Al utilizar infraestructura municipal existente, se reduce el costo recurrente, se reutilizan espacios urbanos y se fortalece la coordinación entre municipios y gobierno estatal, algo esencial para una administración eficiente y responsable con los recursos del pueblo.
Más allá del ahorro, esta medida refleja una filosofía de gobierno de la transformación: optimizar recursos para destinarlos a sector social. Hernández Cruz defendió su iniciativa desde la tribuna, destacando que esos 400 millones anuales podrían traducirse en más patrullas, mejores equipos médicos, inversión en escuelas, mantenimiento de hospitales, becas y soporte social. En ese sentido, esta propuesta no es un mero recorte administrativo, sino una reorientación estratégica del gasto público hacia quienes más lo necesitan.
Pero el diputado no limitó su intervención a la iniciativa financiera: también levantó la voz en defensa de los derechos laborales. Hernández Cruz exigió al gobierno municipal del municipio de #Tecámac respeto absoluto a los trabajadores despedidos ilegal e injustamente, quienes desde hace días mantienen un plantón exigiendo su reinstalación. Su llamado dejó claro que la 4T está del lado de la clase trabajadora, y que los gobiernos morenistas no toleran injusticias ni despidos arbitrarios.
Al poner en la agenda pública estas demandas —tanto de racionalización del gasto como de justicia laboral—, Samuel Hernández Cruz demuestra que su compromiso no es con las élites burocráticas, sino con la ciudadanía, con los maestros, con las enfermeras, con las familias que merecen servicios dignos, empleo justo y un Estado eficiente.
El contexto en que surge esta propuesta es revelador. A lo largo de años, muchos gobiernos estatales y municipales han invertido cantidades millonarias en rentas, incluso cuando existen inmuebles públicos infrautilizados o abandonados. Esa duplicidad costosa del gasto ha sido señalada por analistas como un síntoma de desperdicio de recursos, corrupción latente o ineficiencia administrativa. Con esta iniciativa, la 4T avanza para cortar esas prácticas y reasignar recursos hacia el bienestar colectivo.
Si la ley es aprobada, el Estado de México podría convertirse en un referente nacional en política de austeridad republicana eficaz, mostrando que el combate al derroche no está reñido con la inversión social. El ahorro proyectado permitiría impulsar obras, garantizar servicios y mejorar la calidad de vida de miles de mexiquenses, con transparencia y responsabilidad.
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En una era en la que la eficiencia, la honestidad y el bienestar social son banderas centrales del proyecto de Morena, la propuesta de Samuel Hernández Cruz representa un ejemplo claro de cómo gobernar con visión de justicia, sensibilidad social y con un compromiso firme hacia quienes construyen el país cada día con su trabajo.
