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Círculo Político MX

Sara Carter advierte que EU hará rendir cuentas a políticos vinculados con cárteles

La directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos (ONDCP), Sara Carter, lanzó una advertencia a políticos y funcionarios que colaboren con organizaciones de narcotráfico, tanto en México como en territorio estadounidense, al asegurar que Washington buscará identificarlos y hacerlos rendir cuentas.

Las declaraciones de la funcionaria estadounidense se producen en un momento de intensa cooperación bilateral en materia de seguridad, pero también de diferencias entre los gobiernos de México y Estados Unidos sobre la responsabilidad que corresponde a cada país frente al tráfico de drogas, armas y dinero ilícito.

En entrevista con la periodista Ilia Calderón para el programa Esta Semana, de N+ Univision, Carter aseguró que las autoridades estadounidenses mantienen comunicación estrecha con sus contrapartes mexicanas y que uno de los objetivos de la administración de Donald Trump es actuar contra quienes faciliten las operaciones de los cárteles.

“Si hay políticos que colaboran con los cárteles, ya sea en México o incluso en Estados Unidos; si nos enteramos, los ubicaremos y rendirán cuentas”, afirmó Carter durante la conversación.

Washington pone el foco también en funcionarios

La declaración de la directora de la ONDCP amplía el alcance del discurso estadounidense contra las organizaciones criminales, al colocar a los posibles colaboradores políticos como parte de las estructuras que Washington pretende investigar.

Carter señaló que la política antidrogas de la administración Trump contempla no solamente combatir a los grupos criminales, sino también perseguir a quienes, desde posiciones institucionales, pudieran brindarles protección, apoyo o facilidades.

La funcionaria añadió que podrían presentarse acusaciones formales, sanciones o restricciones de visa contra políticos relacionados con organizaciones criminales, aunque cualquier señalamiento concreto tendría que sustentarse en investigaciones y procedimientos correspondientes.

El mensaje también tiene una particularidad: Carter no limitó la advertencia a México. Su declaración incluyó expresamente a funcionarios o políticos de Estados Unidos que pudieran colaborar con cárteles, dejando planteado que la persecución de posibles redes de complicidad sería un asunto para ambos lados de la frontera.

Sara Carter reconoce cooperación con México

Al mismo tiempo que lanzó la advertencia, Carter reconoció que existe comunicación entre los gobiernos de México y Estados Unidos para combatir a las organizaciones criminales.

La directora de la ONDCP señaló que ha mantenido contacto con integrantes del gobierno mexicano y describió como un objetivo compartido la lucha contra los cárteles en el hemisferio occidental. También expresó una valoración favorable sobre las acciones emprendidas por la presidenta Claudia Sheinbaum frente al tráfico de drogas.

La postura resulta relevante porque el combate al narcotráfico se ha convertido en uno de los principales temas de la agenda bilateral. México ha insistido en que la cooperación debe realizarse bajo principios de respeto a la soberanía y responsabilidad compartida, mientras Washington mantiene presión para incrementar las acciones contra las organizaciones criminales.

La propia Casa Blanca ha colocado a la ONDCP en el centro de la estrategia antidrogas de la administración Trump. En abril de 2026, la oficina encabezó una reunión interinstitucional con autoridades de Justicia, Seguridad Nacional, Tesoro, Estado y la comunidad de inteligencia para coordinar esfuerzos de interdicción y reducir el ingreso de drogas ilícitas a Estados Unidos.

México también reclama acciones del lado estadounidense

Las declaraciones de Carter ocurren apenas días después de que Claudia Sheinbaum planteara públicamente que el combate al crimen organizado debe considerar también las responsabilidades existentes en Estados Unidos.

Durante su conferencia del 17 de septiembre, la presidenta señaló que México actúa cuando existen pruebas contra funcionarios vinculados con actividades ilícitas, independientemente del partido político al que pertenezcan. Al mismo tiempo, cuestionó qué acciones se realizan en Estados Unidos frente al lavado de dinero y el tráfico ilegal de armas hacia México.

Sheinbaum ha sostenido de manera reiterada que el fenómeno del narcotráfico no puede analizarse únicamente desde la perspectiva del país donde se produce o trafica la droga. Para México, la entrada ilegal de armas procedentes de Estados Unidos y el flujo de recursos financieros asociados al crimen organizado forman parte de la misma problemática.

En una conferencia anterior, la presidenta también señaló que México y Estados Unidos mantienen mecanismos de coordinación en la frontera y que existe intercambio de información en materia de seguridad.

Operativos conjuntos y mayor intercambio de información

La cooperación entre ambos países se ha extendido a diferentes ámbitos. En la frontera, por ejemplo, México ha informado sobre operaciones espejo y mecanismos de intercambio de información relacionados con actividades criminales.

La Secretaría de la Defensa Nacional también ha reportado cooperación con autoridades estadounidenses para detectar actividades vinculadas con el uso de drones en zonas fronterizas. De acuerdo con información presentada por el gobierno mexicano, ambos países cuentan con equipos antidron y mecanismos de coordinación para atender este tipo de amenazas.

En paralelo, las autoridades mexicanas han informado sobre operaciones contra estructuras criminales, aseguramientos de armas, drogas y laboratorios clandestinos, así como detenciones de integrantes de organizaciones delictivas.

La Presidencia informó en septiembre que, entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de agosto de 2026, fueron detenidas más de 67 mil 200 personas por delitos de alto impacto, además de asegurarse más de 34 mil armas de fuego, más de 534 toneladas de drogas y localizarse 2 mil 771 laboratorios clandestinos. Estos son datos reportados por el gobierno mexicano y corresponden a sus propios registros operativos.

La advertencia llega en un contexto de presión bilateral

El pronunciamiento de Sara Carter se suma a una serie de mensajes de funcionarios estadounidenses sobre la necesidad de profundizar la cooperación contra los cárteles y las redes financieras que permiten sus operaciones.

En agosto, la Casa Blanca informó que la ONDCP había reconocido operaciones internacionales dirigidas contra organizaciones criminales transnacionales, incluyendo acciones desarrolladas con participación de equipos mexicanos. La oficina también ha colocado como prioridades la interdicción de drogas, el combate a las estructuras financieras y la coordinación entre agencias de seguridad.

Sin embargo, la declaración de Carter sobre políticos vinculados con cárteles no constituye por sí misma una acusación contra algún funcionario mexicano en particular. La funcionaria habló de una eventual actuación en caso de que las autoridades estadounidenses obtengan información que permita identificar esas colaboraciones.

Por ello, cualquier señalamiento individual deberá diferenciarse de la advertencia general realizada por Washington y sujetarse a las investigaciones y procedimientos legales correspondientes.

El mensaje, no obstante, coloca nuevamente sobre la mesa uno de los puntos más delicados de la relación México-Estados Unidos: la lucha contra el crimen organizado requiere intercambio de inteligencia y coordinación, pero también implica discutir responsabilidades en ambos lados de la frontera.

Mientras Washington anuncia que buscará actuar contra posibles colaboradores políticos de los cárteles, el gobierno de México mantiene su postura de combatir a las organizaciones criminales dentro del territorio nacional y, al mismo tiempo, exigir corresponsabilidad frente al tráfico ilegal de armas, lavado de dinero y consumo de drogas en Estados Unidos.

La declaración de Sara Carter abre así un nuevo capítulo en la agenda bilateral de seguridad, en el que la cooperación continúa, pero también se mantienen sobre la mesa las diferencias sobre cómo debe enfrentarse el problema del narcotráfico y quién debe asumir cada responsabilidad.