Frente a la crisis ambiental que afecta al planeta y tiene consecuencias directas en la vida de las personas, especialistas, integrantes de comunidades, activistas y personas juzgadoras coincidieron en que el acceso efectivo a la justicia es indispensable para proteger los territorios, los recursos naturales y los derechos de las comunidades locales e indígenas.
Durante el foro “Justicia para el Futuro: derechos de la naturaleza y diálogo de saberes”, coorganizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se planteó la necesidad de que las instituciones judiciales incorporen las experiencias y conocimientos de las comunidades en la atención de los conflictos socioambientales.
El ministro Irving Espinosa Betanzo destacó que la impartición de justicia requiere sensibilidad frente a las distintas realidades sociales y, particularmente, ante las condiciones que enfrentan sectores históricamente excluidos.
“Una de las obligaciones éticas que tenemos las personas que nos hemos dedicado a una actividad de las ciencias sociales es mirar la realidad a través de la mirada de otras personas. Solamente de esa forma podemos advertir los riesgos que generan la exclusión, la violencia y, precisamente, la injusticia”, señaló durante su participación en la mesa de diálogo “Alianza de saberes”.
En la inauguración del encuentro, Orlando Aragón Andrade, director general del Centro de Estudios Constitucionales y Saberes Jurídicos (CECSJ) de la Suprema Corte, sostuvo que la crisis ecológica mundial obliga a una profunda “reinvención del constitucionalismo”, ante los nuevos desafíos que plantea la protección de la naturaleza y de las comunidades que dependen de ella.
Personas investigadoras y académicas advirtieron que el deterioro ambiental también está generando una mayor conflictividad social. Ángel Gabriel Cabrera Silva, investigador del CECSJ, señaló que los conflictos socioambientales llegan cada vez con mayor frecuencia a los tribunales, por lo que requieren respuestas urgentes y mecanismos de justicia capaces de atender su complejidad.
El diálogo incorporó las voces de quienes enfrentan directamente estas problemáticas en sus territorios. Pedro Chávez Sánchez, expresidente del Concejo Mayor de Gobierno Comunal de Cherán K’eri, y Pascuala Vázquez Aguilar, vocera del Consejo de Gobierno Comunitario de Chilón, Chiapas, compartieron las perspectivas de sus comunidades sobre la defensa del territorio y la justicia ambiental.
También participaron Leydy Pech, del Colectivo Koolel Kab, y Mayra Estrella, de Tortuguero Comca’ac Desemboque, quienes expusieron experiencias de defensa ambiental, acciones legales e iniciativas comunitarias de conservación, en diálogo con personas juzgadoras, especialistas y representantes de la comunidad científica.
Durante el encuentro también se abordó el peso de los intereses económicos en los conflictos ambientales. Luis Zambrano, integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM, llamó a fortalecer el vínculo entre la comunidad académica y el Poder Judicial para aportar conocimiento científico a la toma de decisiones y generar mejores condiciones frente a intereses corporativos.
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El foro puso en el centro una preocupación de interés público: la degradación ambiental no sólo afecta ecosistemas, sino también el acceso al agua, la salud, la alimentación, el territorio y las formas de vida de las comunidades. En ese contexto, el acceso a la justicia se planteó como una herramienta fundamental para prevenir daños, proteger derechos y garantizar que las poblaciones afectadas sean escuchadas en las decisiones que inciden en su presente y su futuro.
