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Círculo Político MX

SCJN RESPALDA ACCESO A APOYOS PARA INVESTIGADORES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló que las personas investigadoras de instituciones públicas y privadas tengan acceso a los mecanismos de fomento y apoyo económico del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), bajo las condiciones establecidas en la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Al confirmar la validez del decreto que expidió esta legislación, el Máximo Tribunal precisó que los estímulos económicos pueden otorgarse cuando las investigaciones estén dirigidas a fines públicos de interés nacional, definidos por la secretaría correspondiente, o cuando las personas investigadoras desarrollen actividades sustantivas en instituciones del sector público. Fuera de estos supuestos, los apoyos deberán ser cubiertos por las instituciones privadas mediante convenios con la autoridad.

En materia de becas de posgrado y apoyos complementarios para estancias posdoctorales, la Corte determinó que la legislación no establece diferencias discriminatorias entre estudiantes de instituciones públicas y privadas.

Explicó que la condición de que las instituciones no cobren colegiaturas o conceptos equivalentes busca que los recursos públicos se utilicen para cubrir gastos de manutención, transporte, vivienda y otras necesidades relacionadas con la formación académica. Asimismo, estableció que las becas deben asignarse de manera equitativa, sin discriminación y de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria.

Sobre los proyectos de investigación en los que participe el sector privado, la SCJN confirmó que la obligación de aportar recursos corresponde a las instituciones y no a las personas investigadoras o estudiantes. Esta disposición promueve la corresponsabilidad en el financiamiento, sin limitar la participación de instituciones privadas ni impedir que reciban recursos públicos.

La legislación también contempla excepciones a esta obligación cuando los proyectos estén relacionados con prioridades o emergencias de Estado y no sea posible o no esté justificada la aportación conjunta de recursos.

Por otra parte, el Alto Tribunal consideró válidas las disposiciones que orientan la investigación hacia las necesidades nacionales y locales, impulsan la ciencia básica y de frontera, y promueven la vinculación entre investigación, docencia y tutoría.

Señaló que estos lineamientos buscan fortalecer el desarrollo científico y no representan una imposición de contenidos educativos, metodologías o ideologías, ni restringen las líneas de investigación.

Finalmente, la Corte reconoció la validez del artículo 68 de la ley, que permite la participación de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina en la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT).

Al respecto, explicó que ambas dependencias pueden contribuir con conocimientos especializados en ciencia, tecnología e innovación, dentro de un esquema de coordinación institucional, sin que su participación implique el uso de la fuerza o que la política científica quede bajo su conducción.