Se aprueba Ley General contra la Extorsión: la 4T da un paso firme por la justicia.

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó con 25 votos a favor y tres abstenciones el dictamen de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, iniciativa enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum. El proyecto se discutirá próximamente en el pleno de San Lázaro.

La reforma propone que la extorsión sea perseguida de oficio —es decir, sin necesidad de denuncia previa— y establece penas de 6 a 15 años de prisión y multas de hasta 500 UMAs (unos 50,000 pesos) para quien obligue a otro a dar, hacer o tolerar algo con fines de lucro. En casos agravados —como cobro de piso a mujeres embarazadas, menores, adultos mayores o migrantes; o cuando participen servidores públicos— las sanciones podrían llegar hasta los 25 años de prisión.

Asimismo, la ley prohíbe el acceso a beneficios penitenciarios para los responsables salvo que colaboren con la justicia, y permitirá denuncias anónimas, fortaleciendo la protección de víctimas que hoy enfrentan temor a represalias.

Esta propuesta es parte central del paquete de reformas en seguridad impulsadas por el gobierno de la 4T, que busca atacar los delitos de alto impacto, proteger a las víctimas y restablecer la confianza ciudadana en las instituciones. Al homologar el delito a nivel nacional y dotar de herramientas modernas al Estado, la administración reafirma que el combate contra la extorsión es prioridad.