La investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa permanecerá abierta hasta conocer la verdad, garantizar justicia y establecer el paradero de los jóvenes, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, al presentar nuevos elementos de las indagatorias federales a 12 años de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.
Durante su conferencia de prensa, la mandataria sostuvo que el Gobierno de México mantiene como compromiso agotar las líneas de investigación necesarias para esclarecer lo ocurrido la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Señaló que las pesquisas actuales incorporan elementos técnicos y científicos que no fueron analizados con suficiente profundidad en etapas anteriores.
El pronunciamiento ocurre después de que el Gobierno federal presentó nuevos avances relacionados con registros telefónicos, una funeraria de Iguala y la posible presencia de estudiantes en la comandancia de Barandilla. Estos elementos forman parte de un replanteamiento de la investigación que busca ampliar el conocimiento sobre lo sucedido después de la desaparición de los normalistas.
Nuevas líneas de investigación abren rutas sobre lo ocurrido en Iguala
Uno de los principales ejes de la investigación actual es el análisis de las comunicaciones telefónicas realizadas durante la noche de los hechos y en los días posteriores.
De acuerdo con información presentada por autoridades federales, el reanálisis de las llamadas permitió identificar comunicaciones entre personas vinculadas con la investigación y una funeraria de Iguala. También se encontraron registros que muestran que algunos teléfonos pertenecientes a los estudiantes tuvieron actividad después de su desaparición.
El Gobierno federal informó previamente que este trabajo de revisión forma parte de un nuevo modelo de investigación de la Fiscalía General de la República, mediante el cual se retomaron actuaciones existentes y se buscaron omisiones o elementos que no habían sido examinados con suficiente profundidad.
Entre los sitios incorporados a las nuevas diligencias se encuentra la funeraria El Ángel, en Iguala. Las investigaciones recientes han identificado restos óseos, documentos y otros indicios en ese inmueble, además de un horno que las autoridades consideran irregular. También se analiza la posible relación de personas vinculadas con el establecimiento con integrantes de Guerreros Unidos.
Estos elementos todavía forman parte de una investigación en curso y no constituyen, por sí mismos, una conclusión definitiva sobre el destino de los 43 estudiantes.
El teléfono localizado en Barandilla y la ruta de los normalistas
Otra de las líneas que tomó fuerza es la relacionada con la comandancia municipal de Iguala.
Sheinbaum explicó que un teléfono localizado en la barandilla aporta elementos que, según las autoridades, permiten revisar nuevamente la posibilidad de que algunos de los jóvenes hayan pasado por ese lugar. La investigación busca establecer qué ocurrió con ellos posteriormente y quiénes pudieron haber intervenido.
La Fiscalía ha señalado que existen testimonios y registros que ubican a aproximadamente 17 normalistas en la comandancia municipal. En este punto también resulta relevante el caso de José Ulises Bernabé, quien se desempeñaba como juez de Barandilla durante aquella noche y cuya extradición desde Estados Unidos continúa siendo una de las gestiones pendientes.
En mayo pasado, la propia presidenta había señalado que México continuaría insistiendo en este expediente ante las autoridades estadounidenses. La extradición de Bernabé forma parte de una agenda más amplia de solicitudes relacionadas con el caso Ayotzinapa.
Detenciones y revisión de responsabilidades
El replanteamiento de la investigación también ha derivado en nuevas órdenes de aprehensión y procesos judiciales contra personas señaladas por su posible participación en los hechos o por presuntas acciones de obstrucción de la justicia.
Entre estos casos se encuentra el de Ángel Aguirre Rivero, ex gobernador de Guerrero, quien fue vinculado a proceso por los delitos que le atribuye la Fiscalía dentro de la investigación de Ayotzinapa. La acusación sostiene que habría ordenado la destrucción de evidencias relacionadas con los hechos; su defensa, por su parte, presentó pruebas para sostener su inocencia.
También se encuentra el proceso contra Lambertina “N”, ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó en 2025 que fue detenida por su presunta relación con la desaparición de grabaciones de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala.
La revisión de posibles responsabilidades institucionales busca establecer qué ocurrió con información, registros y evidencias que pudieron resultar relevantes para reconstruir la noche en que desaparecieron los estudiantes.
Sheinbaum mantiene la búsqueda como compromiso de Estado
Para la administración de Sheinbaum, el caso no se limita a la persecución penal de quienes pudieran resultar responsables. El objetivo central, ha reiterado la presidenta, continúa siendo conocer qué ocurrió con los 43 estudiantes y localizar su paradero.
En agosto, el Gobierno de México informó que Sheinbaum sostuvo una reunión con las madres y padres de los normalistas, en la que fueron presentados avances de las investigaciones. La Secretaría de Gobernación señaló entonces que las diligencias estaban organizadas en cuatro líneas prioritarias, entre ellas las nuevas detenciones, el análisis de comunicaciones telefónicas y la revisión de hechos y actores relevantes.
La presidenta también ha señalado que mantiene reuniones periódicas con las familias para informar sobre los avances. En julio afirmó que el propósito de las nuevas pesquisas es alcanzar la verdad y conocer dónde están los 43 jóvenes, al tiempo que planteó que algunas líneas actuales derivan de omisiones detectadas en investigaciones anteriores.
La extradición de Tomás Zerón, otro pendiente
Dentro de las acciones internacionales permanece la solicitud para llevar ante la justicia mexicana a Tomás Zerón de Lucio, quien encabezó la Agencia de Investigación Criminal durante la administración federal de Enrique Peña Nieto y se encuentra en Israel.
México lo requiere por delitos relacionados con el caso Ayotzinapa, entre ellos tortura y desaparición forzada. La Fiscalía obtuvo desde 2021 una nueva orden de aprehensión y la envió a las autoridades israelíes como parte del procedimiento de extradición.
La Cancillería también ha documentado que México ha insistido ante Israel mediante distintos canales diplomáticos para avanzar en el procedimiento.
Así, a 12 años de la desaparición de los normalistas, el caso permanece abierto y con nuevas rutas de investigación. La postura expresada por Claudia Sheinbaum es que el expediente no se dará por concluido mientras no se alcance la verdad, se esclarezcan las responsabilidades y, sobre todo, se conozca el paradero de los 43 estudiantes.
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El Gobierno federal coloca nuevamente el énfasis en el análisis científico de las evidencias, el seguimiento de las comunicaciones, la revisión de actuaciones de autoridades y la cooperación internacional para avanzar en las diligencias pendientes. Para las familias, sin embargo, el punto central continúa siendo el mismo: saber dónde están sus hijos.
La investigación, por tanto, sigue abierta.
