La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno atribuye los recursos protegidos a mejoras en compras públicas, vigilancia de contratos, sanciones y medidas de eficiencia administrativa.
Gobierno reporta 83.8 mil millones de pesos protegidos mediante acciones anticorrupción
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) ha generado ahorros por 83.8 mil millones de pesos durante los primeros dos años de la actual administración, como resultado de medidas enfocadas en prevenir irregularidades, mejorar las adquisiciones públicas y vigilar el cumplimiento de contratos.
El anuncio se realizó durante la conferencia matutina de este martes 22 de septiembre, en la que la titular de la SABG, Raquel Buenrostro Sánchez, presentó un balance de las acciones realizadas en materia de prevención, fiscalización, sanciones administrativas y combate a posibles actos de corrupción.
De acuerdo con el informe presentado, el monto acumulado se integra por diferentes mecanismos de intervención gubernamental. Entre ellos se encuentran 29 mil millones de pesos asociados con mejoras en las compras públicas, 42.2 mil millones por el seguimiento de contratos, 4.8 mil millones derivados de multas y sanciones, y 7.8 mil millones relacionados con medidas de eficiencia en la organización del Gobierno.
La cifra representa un incremento respecto al corte difundido por la propia Secretaría en junio de 2026, cuando reportó ahorros por 81.4 mil millones de pesos como resultado de acciones de prevención de la corrupción, fiscalización, reestructuración administrativa y combate a la impunidad.
Compras y contratos concentran buena parte de los recursos protegidos
Uno de los principales componentes del balance corresponde a la revisión de los procedimientos de contratación y al seguimiento de los compromisos adquiridos por proveedores del Gobierno Federal.
Según la información presentada por Buenrostro, la vigilancia de la administración de contratos permitió proteger 42.2 mil millones de pesos, particularmente mediante la detección de incumplimientos, modificaciones injustificadas y otras situaciones que podían representar un impacto para las finanzas públicas.
La estrategia también ha intervenido directamente en los procesos de adquisición. La dependencia ha señalado que la revisión preventiva de licitaciones y la búsqueda de mejores condiciones de competencia tienen como propósito evitar sobrecostos antes de que los contratos sean adjudicados.
Un ejemplo citado durante el balance corresponde a la adquisición de equipo médico para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde los nuevos mecanismos de compra permitieron reducir de manera considerable el costo de determinados equipos, de acuerdo con el reporte presentado por la Secretaría.
La lógica planteada por la dependencia es modificar el enfoque tradicional de vigilancia: no esperar únicamente a que ocurra una irregularidad para iniciar un procedimiento, sino intervenir desde las etapas de planeación, contratación y ejecución del gasto.
Más de 4 mil servidores públicos han recibido sanciones
El informe presentado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno también incluyó resultados en materia de responsabilidades administrativas.
Entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de junio de 2026, la dependencia reportó 4 mil 193 sanciones administrativas a servidores públicos. De ellas, 3 mil 528 correspondieron a faltas no graves y 665 fueron determinadas como faltas graves y remitidas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
Entre las conductas investigadas se encuentran la autorización de pagos indebidos, pagos por bienes o servicios que no fueron entregados, compras innecesarias o injustificadas, ocultamiento de bienes e incrementos patrimoniales, falsificación de documentos y sustracción de información bajo responsabilidad de servidores públicos.
La legislación establece una diferencia entre las faltas administrativas graves y no graves. Mientras la Secretaría puede resolver determinados procedimientos relacionados con faltas no graves, los casos graves deben ser enviados al TFJA para que continúe el procedimiento y determine, en su caso, las sanciones correspondientes. La propia SABG ha informado sobre resoluciones del Tribunal que han derivado en inhabilitaciones de servidores públicos.
En el balance presentado este martes se indicó que mil 737 servidores públicos fueron remitidos al Tribunal, de los cuales 87 ya habían sido notificados de una sanción y mil 650 permanecían en proceso.
También hay sanciones para empresas proveedoras
La vigilancia no se limita a quienes ocupan cargos dentro de la administración pública. La SABG informó que 286 proveedores particulares han sido sancionados durante el periodo reportado.
Las irregularidades detectadas incluyen documentación falsa, incumplimientos contractuales, simulación de experiencia técnica y capacidad operativa, así como ocultamiento de posibles conflictos de interés.
Del total reportado, 222 empresas fueron inhabilitadas y multadas, mientras que otras 64 recibieron únicamente una multa. El monto recaudado por estas sanciones asciende a 147.3 millones de pesos, de acuerdo con el balance difundido este martes.
Estos procedimientos forman parte de una política que busca intervenir tanto del lado de los servidores públicos como de los particulares que participan en contrataciones gubernamentales.
Transparencia y nuevas funciones de la Secretaría
La transformación institucional también forma parte del proyecto de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. El Gobierno de México creó esta dependencia en sustitución de la Secretaría de la Función Pública con un enfoque que, oficialmente, busca pasar de una actuación predominantemente correctiva a una estrategia preventiva y transversal contra la corrupción.
En materia de acceso a la información, la nueva estructura gubernamental asumió parte de las funciones que anteriormente correspondían al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
La Presidencia ha señalado que el Gobierno Federal busca fortalecer la Plataforma Nacional de Transparencia y ampliar la publicación de información de interés público. En agosto de 2026, Sheinbaum firmó un decreto para reforzar la transparencia en contrataciones públicas, fiscalización y auditorías, además de incorporar información adicional a la plataforma.
Buenrostro informó además que la Secretaría ha resuelto 8 mil 222 recursos, con un nivel de rechazo de 14.6 por ciento, según el balance presentado en la conferencia.
Declaraciones patrimoniales y denuncias penales
Otro de los indicadores presentados corresponde a las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos. La SABG reportó un cumplimiento de 97.7 por ciento, cifra presentada como un máximo histórico por la dependencia.
La declaración patrimonial constituye una herramienta para identificar posibles incrementos patrimoniales injustificados y detectar inconsistencias que puedan derivar en investigaciones administrativas o penales.
En los casos donde una conducta puede constituir un delito, la actuación deja de limitarse al ámbito administrativo. La Secretaría informó que ha presentado 517 denuncias por posibles delitos penales, entre ellos enriquecimiento ilícito y peculado.
La presidenta Sheinbaum ha explicado previamente que las investigaciones administrativas pueden derivar en procedimientos ante el TFJA y, cuando existen elementos que podrían configurar delitos, en denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) o las fiscalías estatales, según corresponda.
El balance presentado este martes también reportó que 53 servidores públicos han sido vinculados a proceso penal durante la actual administración a partir de denuncias relacionadas con posibles actos de corrupción.
Buenrostro llama a denunciar actos de corrupción
Ante estos resultados, Raquel Buenrostro llamó a la población a utilizar los mecanismos institucionales disponibles para reportar posibles actos de corrupción.
La herramienta señalada por la funcionaria es Denuncias MX, plataforma electrónica mediante la cual pueden presentarse reportes relacionados con posibles irregularidades en el servicio público.
El llamado se inscribe en la estrategia de prevención impulsada por la SABG, que desde su creación ha planteado el fortalecimiento de la cultura de la denuncia como uno de sus ejes de trabajo.
El balance presentado por el Gobierno Federal coloca en el centro una combinación de prevención, vigilancia del gasto, sanciones administrativas, revisión de contrataciones y judicialización de posibles delitos.
Más allá de las cifras reportadas por la administración, los mecanismos descritos muestran que el combate a la corrupción se está planteando desde distintas etapas del ejercicio público: antes de contratar, durante la ejecución de los contratos y después de detectar posibles irregularidades.
En ese esquema, los 83.8 mil millones de pesos reportados como ahorros o recursos protegidos constituyen el principal indicador financiero presentado por la SABG, mientras que las miles de sanciones administrativas y las denuncias penales forman parte del componente de responsabilidad y rendición de cuentas.
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