Claudia Sheinbaum Pardo respondió a los señalamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la actuación de funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con organizaciones criminales y cuestionó que México sea evaluado desde Washington sin que exista, al mismo tiempo, un informe público equivalente sobre las acciones estadounidenses contra las drogas, el lavado de dinero y el tráfico ilegal de armas.
Durante su conferencia de prensa de este 17 de septiembre de 2026, desde Palacio Nacional, la presidenta sostuvo que el Gobierno de México conoce los problemas que enfrenta el país y actúa cuando existen investigaciones y elementos que acreditan posibles responsabilidades.
“No necesitamos que nos juzguen desde afuera”, afirmó Sheinbaum, al responder a las exigencias planteadas por Trump en materia de combate al narcotráfico y corrupción.
La respuesta presidencial se produjo un día después de que la Casa Blanca difundiera la determinación estadounidense sobre los principales países de producción y tránsito de drogas ilícitas para el ejercicio fiscal 2027. En ese documento, México aparece entre los 23 países identificados por Estados Unidos, aunque no fue incluido entre los cuatro países señalados por Washington como aquellos que, según su evaluación, habían fallado demostrablemente en sus obligaciones internacionales contra los narcóticos.
Sheinbaum cuestiona la evaluación de Estados Unidos
La presidenta mexicana planteó que la discusión sobre seguridad debe considerar la responsabilidad compartida entre ambos países.
Frente a los cuestionamientos estadounidenses, Sheinbaum pidió conocer qué acciones desarrolla Estados Unidos dentro de su propio territorio para combatir el consumo de drogas, perseguir a las organizaciones criminales, atacar el lavado de dinero y frenar el tráfico de armas hacia México.
El planteamiento coloca sobre la mesa una de las principales dimensiones de la relación bilateral: el problema del narcotráfico no se limita al territorio mexicano, debido a que las organizaciones criminales operan dentro de redes transnacionales que involucran producción, tráfico, demanda, financiamiento y suministro de armas.
“Nosotros no necesitamos que nos juzguen desde afuera. Sabemos cuáles son los problemas de México y actuamos todos los días y lo informamos”, sostuvo la mandataria durante su conferencia.
La respuesta ocurre además en un contexto de cooperación permanente entre las autoridades de ambos países en materia de seguridad, pero también de diferencias sobre las responsabilidades que corresponden a cada gobierno.
México reporta detenciones, armas, drogas y laboratorios asegurados
El Gobierno de México ha presentado durante 2026 distintos resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad.
De acuerdo con información difundida por el Gabinete de Seguridad el 8 de septiembre, entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de agosto de 2026 fueron detenidas más de 67 mil 200 personas por delitos de alto impacto.
Durante el mismo periodo, las autoridades mexicanas reportaron el aseguramiento de 34 mil 353 armas de fuego, más de 534 toneladas de droga y el desmantelamiento de 2 mil 771 laboratorios clandestinos utilizados para la elaboración de metanfetaminas.
El reporte oficial también señaló una reducción de 53 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos a nivel nacional respecto al inicio de la administración.
Estos datos forman parte de los argumentos utilizados por el Gobierno de México para sostener que existe una estrategia permanente contra las organizaciones criminales y que las autoridades actúan cuando las investigaciones permiten establecer responsabilidades.
Sheinbaum también afirmó que las investigaciones no deben depender de la filiación política de las personas involucradas. La posición expresada por la mandataria es que, cuando existen elementos que acreditan la participación de algún funcionario en actividades ilícitas, las autoridades mexicanas proceden conforme a las investigaciones correspondientes.
Trump pidió actuar contra funcionarios vinculados con cárteles
La reacción de Sheinbaum tuvo como antecedente las declaraciones y exigencias del gobierno estadounidense en el marco de su nueva evaluación sobre países relacionados con la producción y tránsito de drogas.
La administración Trump ha colocado el combate a los cárteles y al tráfico de drogas entre sus prioridades de seguridad nacional. En septiembre, la Casa Blanca informó que el presidente estadounidense llamó a los países incluidos en su lista a reforzar las acciones contra el tráfico de drogas y el narcoterrorismo.
En paralelo, la administración estadounidense ha reportado inversiones adicionales para combatir a organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. En julio anunció 277 millones de dólares adicionales para el programa High Intensity Drug Trafficking Areas, destinado a apoyar a agencias de seguridad en investigaciones y operaciones contra organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes.
Sin embargo, el Gobierno mexicano cuestiona que la evaluación estadounidense se concentre en las responsabilidades de México sin ofrecer una medición equivalente sobre las acciones que ocurren dentro de Estados Unidos.
La pregunta de México: ¿qué ocurre del otro lado de la frontera?
Uno de los elementos centrales del posicionamiento de Sheinbaum fue trasladar la discusión hacia la responsabilidad compartida.
Estados Unidos constituye uno de los principales mercados de consumo de drogas ilícitas y, al mismo tiempo, México ha señalado de manera reiterada el flujo ilegal de armas provenientes del territorio estadounidense como un factor que alimenta la capacidad de fuego de las organizaciones criminales.
En este contexto, la presidenta planteó la necesidad de conocer los resultados obtenidos por las autoridades estadounidenses en tres áreas: consumo de drogas, lavado de dinero y tráfico ilegal de armas.
La discusión sobre el lavado de dinero resulta especialmente relevante porque las estructuras criminales necesitan mecanismos financieros para mover y ocultar recursos derivados de actividades ilícitas.
Incluso documentos oficiales estadounidenses han reconocido la existencia de redes de lavado de dinero que operan mediante instituciones financieras en Estados Unidos. En mayo de 2026, la Casa Blanca señaló que redes de lavado de dinero con operaciones en territorio estadounidense habían utilizado cuentas en ese país para mover recursos de organizaciones criminales.
Por ello, el reclamo de México coloca el combate al narcotráfico dentro de una lógica bilateral: perseguir a quienes producen y trafican drogas, pero también atender la demanda, las estructuras financieras y el suministro de armas.
Soberanía y cooperación, dos principios de la relación bilateral
La respuesta presidencial también se conecta con la postura que el Gobierno de México ha sostenido durante las negociaciones con Estados Unidos: cooperación sí, pero bajo condiciones de respeto a la soberanía nacional.
En distintas reuniones bilaterales, México ha planteado que la cooperación en seguridad debe desarrollarse bajo principios de respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y ausencia de subordinación.
Esto no significa que México haya cerrado la puerta al intercambio de información o a la colaboración con agencias estadounidenses. Por el contrario, ambos gobiernos mantienen canales de comunicación y mecanismos de cooperación en seguridad.
El desacuerdo aparece en la forma de evaluar los resultados y en la responsabilidad atribuida a cada país.
Sheinbaum ha sostenido que México seguirá actuando contra las organizaciones criminales y contra servidores públicos que sean vinculados con delitos mediante investigaciones. Al mismo tiempo, considera necesario que Estados Unidos asuma la parte que corresponde dentro de su propio territorio.
La estrategia mexicana mantiene cooperación internacional
El Gobierno Federal también ha utilizado la cooperación internacional como parte de su estrategia de seguridad.
En agosto, el Gabinete de Seguridad informó que México mantenía 155 órdenes de detención con fines de extradición relacionadas con investigaciones de agencias estadounidenses. En ese mismo reporte se señaló que el Centro Nacional de Inteligencia había incrementado 36 por ciento su estado de fuerza y mantenía presencia en nueve países.
Estos datos muestran que la colaboración entre ambos países no se encuentra suspendida. La discusión actual gira alrededor de cómo se distribuyen las responsabilidades y cómo deben medirse los resultados.
Para el Gobierno mexicano, las acciones de seguridad deben continuar dentro del marco de las instituciones nacionales y con base en investigaciones que permitan sustentar las acusaciones.
Sheinbaum fija posición ante Washington
La respuesta de la presidenta ocurre, además, en un momento particularmente sensible de la relación México-Estados Unidos, marcada por negociaciones comerciales, cooperación en seguridad y discusiones sobre migración.
En ese escenario, Sheinbaum volvió a colocar la soberanía como un principio central de la relación bilateral.
Su mensaje fue directo: México reconoce sus problemas, trabaja para enfrentarlos y presenta públicamente los resultados de sus instituciones. Por ello, la mandataria cuestionó que desde el extranjero se pretenda establecer una valoración unilateral sobre el desempeño mexicano.
La discusión no elimina las diferencias entre ambos gobiernos, pero sí deja definida la posición expresada por México: la cooperación contra el crimen organizado debe continuar, aunque bajo una lógica de responsabilidad compartida y respeto a la soberanía nacional.
Mientras Washington mantiene sus exigencias sobre el combate a los cárteles y el tráfico de drogas, Palacio Nacional responde con los resultados reportados por las instituciones mexicanas y pide conocer qué medidas está tomando Estados Unidos frente al consumo de drogas, el lavado de dinero y el tráfico ilegal de armas.
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Así, la controversia vuelve a colocar sobre la mesa uno de los principales asuntos de la relación bilateral: la seguridad de Norteamérica no depende exclusivamente de lo que haga México, sino también de las acciones que Estados Unidos emprenda dentro de su territorio.
Para Sheinbaum, el mensaje es claro: México continuará actuando contra quienes cometan delitos, pero la evaluación de esa estrategia debe desarrollarse en un marco de cooperación, información y respeto entre países soberanos.
