México no puede darse el lujo de mirar hacia otro lado cuando agentes de inteligencia extranjera participan en operaciones dentro de su territorio sin autorización plena, sin transparencia institucional y sin el conocimiento claro del gobierno federal.
La muerte de dos agentes estadounidenses, en un accidente ocurrido en Chihuahua después de un operativo contra un narcolaboratorio, abrió una pregunta que no puede enterrarse bajo el ruido de la coyuntura: ¿quién permitió que una agencia extranjera operara en suelo mexicano? Porque el problema no es solamente el accidente; el problema es la puerta abierta. Y cuando la puerta que se abre es la de la intervención extranjera, el término correcto no es descuido; es soberanía vulnerada.
El gobierno federal ha señalado que esos agentes no contaban con autorización formal para participar en actividades operativas en territorio nacional. También se ha informado que la FGR mantiene investigaciones abiertas sobre el laboratorio y sobre una posible violación a la seguridad nacional. Eso no es un trámite menor: es una línea roja.
En un momento en que el mundo vuelve a estremecerse por el intervencionismo del gobierno norteamericano, y digo gobierno, no pueblo estadounidense, porque los pueblos no son sus élites militares, México debe actuar con absoluta firmeza.
Aceptar, encubrir o minimizar una operación extranjera no autorizada no es cooperación; es subordinación.
Permitir que una potencia extranjera actúe dentro del territorio nacional puede rozar una conducta de enorme gravedad política, constitucional e histórica. No se puede lanzar la palabra “traición a la patria” como consigna ligera, pero tampoco se puede evitar cuando la discusión toca el corazón mismo de la soberanía.
Si hubo autoridades locales que facilitaron, permitieron o encubrieron la presencia operativa de agentes extranjeros, debe investigarse hasta las últimas consecuencias.
Sin simulación.
Sin cálculo partidista.
Sin miedo.
Porque México no puede convertirse en tablero auxiliar de las derrotas estratégicas de Washington.
Tras el desgaste militar, político y mediático del gobierno de Donald Trump frente a Irán, el riesgo es evidente: cuando una potencia necesita fabricar una victoria, busca un escenario más cercano, más rentable y más vendible para su propia audiencia. Hoy ese escenario puede llamarse Cuba. Mañana puede llamarse México.
La historia enseña que los imperios rara vez aceptan sus fracasos; los trasladan.
Por eso Chihuahua no puede tratarse como un accidente administrativo. Debe verse como una advertencia geopolítica. Y aquí aparece una doble vara que merece ser señalada:
Ricardo Anaya y el PAN han pedido la desaparición de poderes en Sinaloa por presuntos vínculos políticos con el crimen organizado. Esa exigencia, por sí misma, ya es de enorme gravedad institucional. Pero si el argumento es proteger al Estado mexicano de una amenaza interna, entonces con mayor razón debe discutirse qué procede cuando la amenaza implica la intervención de una agencia extranjera en territorio nacional. Porque una cosa es investigar corrupción, complicidad o crimen; y otra, todavía más delicada, es permitir que otro país opere dentro de México como si nuestra soberanía fuera una cortesía diplomática. Si se exige desaparición de poderes en Sinaloa por presunta captura criminal, ¿por qué no habría de discutirse en Chihuahua cuando existe la posibilidad de una intromisión extranjera tolerada desde estructuras locales?
No se trata de defender a nadie; se trata de defender a México.
La cooperación internacional en materia de seguridad es necesaria, sí; pero cooperación no significa intervención. Colaborar no significa obedecer. Compartir información no significa entregar territorio.
México puede y debe combatir al crimen organizado con toda la fuerza del Estado; pero debe hacerlo desde sus instituciones, desde su Constitución y desde su dignidad nacional. Porque cuando una agencia extranjera pisa el país sin reglas claras, no viene solamente a combatir criminales; viene también a medir hasta dónde puede avanzar. Y si México baja la mirada una vez, mañana le exigirán que se arrodille.
Chihuahua debe investigarse a fondo.
¿Quién autorizó?
¿Quién sabía?
¿Quién calló?
¿Quién permitió?
Y así determinar quién debe responder.
La soberanía no es una bandera para los discursos patrios; es una responsabilidad diaria. Y cuando se vulnera, el silencio también se vuelve complicidad.
Para que la palabra soberanía deje de ser discurso y se convierta en una realidad tangible, que esto llegue a quien corresponda.
Posdata:
A veces la ficción anticipa y desnuda la realidad. Mientras la serie de Netflix “Celda 211” coloca en el centro de su trama a una gobernadora de Chihuahua obsesionada con evitar que se conozcan los vínculos de su administración con agentes estadounidenses infiltrados, la realidad mexicana terminó alcanzando a la metáfora de una manera inquietante. Vale la pena verla. A veces la ficción ayuda a entender aquello que la realidad intenta ocultar.
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