La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) lanzó una advertencia a las personas que reciben ofertas para trabajar temporalmente en Estados Unidos, particularmente en el sector agrícola: existen intermediarios que prometen visas laborales y condiciones de empleo que finalmente no se cumplen, lo que puede derivar en fraudes y abusos contra quienes buscan una oportunidad fuera del país.
Durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la STPS, Marath Bolaños López, llamó a revisar cuidadosamente la legalidad de cualquier propuesta de empleo antes de entregar dinero, documentos o comprometerse con un supuesto reclutador.
El funcionario señaló que algunas de las ofertas que circulan para obtener una visa de trabajo hacia Estados Unidos carecen de respaldo jurídico por parte del Gobierno de México y pueden terminar en engaños para los trabajadores.
Ante este escenario, recomendó desconfiar de las llamadas “ofertas fáciles”, particularmente aquellas que prometen llevar rápidamente a una persona a Estados Unidos con un empleo garantizado y condiciones laborales que después no corresponden con lo ofrecido.
STPS pide revisar la legalidad de las ofertas de empleo
La advertencia cobra relevancia en el caso de los trabajadores agrícolas, debido a que existen mecanismos legales de movilidad laboral entre México y Estados Unidos, pero éstos requieren procesos formales de contratación.
Las visas H-2A, por ejemplo, corresponden a trabajadores agrícolas temporales y forman parte de los mecanismos legales de movilidad laboral entre ambos países. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha documentado la existencia de este esquema y de las acciones bilaterales encaminadas a proteger los derechos laborales de las personas mexicanas contratadas bajo esta modalidad.
Por ello, una oferta que simplemente prometa “conseguir una visa” a cambio de dinero no debe confundirse con un proceso formal de contratación.
La propia STPS mantiene un Registro Central de Agencias de Colocación de Trabajadores, cuya finalidad es proporcionar información sobre empresas legalmente constituidas que realizan actividades de vinculación entre empleadores y personas que buscan trabajo. El registro fue actualizado por la dependencia en septiembre de 2026.
Este mecanismo permite contar con un punto de referencia adicional antes de aceptar una propuesta laboral proveniente de un intermediario.
El antecedente de las visas H-2A
La movilidad laboral agrícola hacia Estados Unidos no es un fenómeno inexistente ni irregular por definición. De hecho, México y Estados Unidos han mantenido durante años mecanismos de cooperación para ordenar estos flujos y proteger a quienes participan en ellos.
En 2016, por ejemplo, la STPS informó sobre un acuerdo orientado a garantizar una migración laboral legal y segura para jornaleros mexicanos contratados en granjas estadounidenses mediante visas H-2A. El esquema contemplaba que el reclutamiento y selección se realizara a través del Servicio Nacional de Empleo y que los trabajadores no pagaran tarifas de reclutamiento a particulares u organizaciones.
La diferencia resulta fundamental: una contratación laboral temporal formal y documentada no equivale a una oferta informal de visa.
Sheinbaum: cada vez son menos quienes recurren a estas ofertas
Durante la misma conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que todavía existen trabajadores que buscan este tipo de oportunidades, aunque sostuvo que el fenómeno se ha reducido durante los últimos años.
Como referencia, mencionó a jóvenes provenientes de Chiapas que son trasladados a Baja California para realizar actividades agrícolas y que posteriormente buscan acceder a una visa laboral para desplazarse a Estados Unidos.
De acuerdo con la explicación de la mandataria, esta práctica ha disminuido durante los últimos ocho años. También señaló que parte de quienes actualmente cuentan con este tipo de visa son trabajadores que llevan varios años utilizándola y realizan desplazamientos recurrentes entre México y Estados Unidos.
El señalamiento ocurre en un contexto en el que el Gobierno de México ha colocado la protección de trabajadores agrícolas y la movilidad laboral dentro de su agenda. En junio de 2026, durante el Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas en San Quintín, Baja California, la propia Presidencia documentó la presencia de jornaleros procedentes de entidades como Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Veracruz.
La dimensión de esta movilidad ayuda a entender por qué las ofertas laborales relacionadas con el campo estadounidense pueden resultar atractivas para trabajadores que buscan mejores ingresos, pero también por qué la intervención de intermediarios sin respaldo puede generar riesgos.
¿Qué deben revisar quienes reciben una oferta?
La recomendación de la STPS coloca la verificación como primer paso antes de aceptar cualquier propuesta.
Una oferta laboral para Estados Unidos debería permitir identificar con claridad al empleador, el puesto, las condiciones de contratación y el mecanismo mediante el cual se tramita la autorización laboral correspondiente.
También resulta relevante verificar a la agencia o intermediario que ofrece la colocación. La existencia del registro oficial de agencias de colocación de la STPS proporciona una herramienta para revisar si una empresa aparece dentro de los mecanismos institucionales de vinculación laboral.
La experiencia documentada por las autoridades mexicanas con trabajadores H-2A también establece un principio importante: el reclutamiento no debe convertirse en un negocio de cobros arbitrarios a quienes buscan empleo.
Por ello, promesas de contratación inmediata, salarios extraordinarios, viajes garantizados o visas prácticamente aseguradas deben ser revisadas antes de entregar dinero o documentos personales.
En caso de detectar un posible fraude, la recomendación de Bolaños López fue presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades.
Jóvenes Construyendo el Futuro: el perfil de quienes reciben capacitación
La discusión sobre las oportunidades laborales también llevó al secretario del Trabajo a explicar el perfil educativo de quienes participan en Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF).
Bolaños López señaló que alrededor de 40 por ciento de los beneficiarios tiene estudios hasta el nivel medio superior, mientras que menos de 20 por ciento cuenta con una licenciatura. El resto corresponde a jóvenes que no han concluido ese nivel educativo.
El diseño del programa permite participar sin exigir experiencia laboral previa ni un currículum profesional como requisito central. La capacitación se orienta hacia los intereses de cada joven y se desarrolla durante un periodo de hasta 12 meses en centros de trabajo.
Las reglas oficiales del programa establecen que está dirigido a personas de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan, quienes reciben un apoyo mensual equivalente al salario mínimo y cobertura médica durante su capacitación. Para 2026, el apoyo mensual es de 9 mil 582.47 pesos.
Siete de cada 10 encuentran una salida laboral o productiva
Uno de los datos presentados por la STPS fue que alrededor de 70 por ciento de quienes participan en Jóvenes Construyendo el Futuro logra posteriormente incorporarse a una ocupación, empleo o actividad productiva, mientras que otro 10 por ciento retoma sus estudios.
La cifra coincide con información institucional publicada durante 2026. La STPS reportó que siete de cada 10 personas que concluyen su capacitación encuentran empleo u ocupación productiva y que quienes participan en el programa tienen mayores posibilidades de incorporarse al mercado laboral frente a jóvenes que no forman parte de éste.
En junio, la dependencia informó además que el programa había incorporado a 362 mil jóvenes durante 2026, con una meta anual de 500 mil beneficiarios.
El dato permite colocar en perspectiva el contraste planteado durante la conferencia: mientras algunas personas son atraídas por intermediarios que prometen una salida laboral rápida hacia Estados Unidos, el Gobierno federal sostiene programas de capacitación y vinculación laboral dentro del país.
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La advertencia sobre las falsas ofertas de visas, por tanto, no se limita al trámite migratorio. También pone sobre la mesa la necesidad de que quienes buscan mejorar sus ingresos puedan identificar oportunidades laborales formales y distinguirlas de esquemas de reclutamiento que pueden terminar en fraude.
Para quienes consideran trabajar temporalmente en Estados Unidos, el mensaje de la STPS es concreto: antes de aceptar una oferta, hay que comprobar quién contrata, bajo qué esquema, cuáles son las condiciones laborales y si el proceso cuenta con respaldo legal. Una promesa de viaje rápido o de una visa garantizada no sustituye un procedimiento formal de contratación.
