La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional, en términos generales, la reforma al sistema de pensiones de Nayarit y la creación del Fondo de Ahorro para el Retiro Digno, al concluir que el nuevo modelo respeta los derechos de las personas jubiladas, pensionadas y de quienes, antes de la reforma, ya habían cumplido los requisitos para retirarse.
La resolución da certeza a las personas trabajadoras sobre las condiciones de su retiro: quienes tengan derechos adquiridos conservarán los beneficios alcanzados bajo el régimen anterior, mientras que las personas en activo podrán optar por permanecer en ese sistema o incorporarse al nuevo modelo de cuentas individuales. En caso de elegir este último, se reconocerán íntegramente los años de servicio y las cotizaciones previamente acumuladas.
El Pleno también avaló que, bajo el nuevo régimen, el periodo de cotización necesario para obtener una pensión equivalente al 100 por ciento pase de 30 a 35 años de servicio. La Corte consideró que esta modificación no vulnera el principio de progresividad de los derechos, al estar sustentada en la necesidad de preservar la viabilidad financiera del sistema pensionario.
En este sentido, el Alto Tribunal destacó que garantizar la sostenibilidad de los fondos de pensiones también implica proteger el derecho a la seguridad social, pues un sistema financieramente inviable podría poner en riesgo, a futuro, el pago de las prestaciones de las propias personas trabajadoras.
No obstante, la Suprema Corte estableció límites a la reforma e invalidó disposiciones en las que el Congreso de Nayarit excedió sus facultades. Entre ellas, eliminó la exclusión automática de enfermedades crónico-degenerativas o congénitas como riesgos de trabajo, con lo que se evita que una persona quede privada de esa protección únicamente por el origen o naturaleza de su padecimiento.
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Con esta decisión, la Corte permite la actualización del sistema pensionario de Nayarit, pero establece que cualquier cambio debe respetar los derechos ya adquiridos y mantener una protección efectiva de la seguridad social de las personas trabajadoras.
