Ante una sobrepoblación carcelaria superior al 200 por ciento, el máximo tribunal de justicia del país resolvió que la situación actual en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Neza-Bordo, ubicado en el Estado de México, vulnera los derechos fundamentales y puede tipificarse como tratos crueles, inhumanos o degradantes hacia la población interna.
Derivado de una acción jurídica impulsada por el Instituto Federal de Defensoría Pública para visibilizar las precarias circunstancias de reclusión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación instruyó a las instancias correspondientes diseñar y poner en marcha un proyecto integral e interinstitucional en un lapso máximo de seis meses.
Esta resolución establece que las autoridades involucradas deben ejecutar acciones concretas enfocadas en la optimización presupuestal y de infraestructura dentro del penal mexiquense. Asimismo, exige analizar y agilizar, bajo el marco normativo vigente, las opciones de libertad anticipada para disminuir el exceso de personas internas y mitigar la crisis carcelaria.
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Con esta determinación, el Alto Tribunal recalca que los individuos sujetos a un proceso penal o cumpliendo una sentencia no pierden su derecho elemental a un internamiento digno, obligando al Estado a erradicar los abusos derivados de la masificación penitenciaria y avalando la intervención activa de los servicios de defensa jurídica en la protección de los derechos humanos.
