Xóchitl Bravo Espinosa respaldó la propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para establecer que quienes aspiren a la Presidencia de México, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México tengan únicamente la nacionalidad mexicana al momento de buscar el cargo.
La legisladora capitalina colocó el debate en términos de responsabilidad pública y soberanía nacional. En su posicionamiento, dejó claro que la doble nacionalidad constituye un derecho que debe respetarse, pero sostuvo que gobernar México implica una responsabilidad distinta y exige, desde su perspectiva, un compromiso exclusivo con el país.
“La doble nacionalidad es un derecho. Gobernar México es una responsabilidad”, planteó Bravo, al fijar postura sobre una de las reformas constitucionales promovidas por la actual administración federal.
La discusión no es menor. El Gobierno de México presentó en agosto una iniciativa para modificar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, con el propósito de establecer reglas de nacionalidad única para quienes pretendan ocupar la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Xóchitl Bravo pone el acento en la responsabilidad de gobernar
Desde su posición como legisladora de Morena en el Congreso capitalino, Xóchitl Bravo se sumó al planteamiento de que las personas que busquen encabezar los poderes ejecutivos federal o locales deban acreditar únicamente la nacionalidad mexicana.
Su argumento parte de una distinción: una cosa son los derechos de las personas que poseen más de una nacionalidad y otra las condiciones que pueden establecerse para acceder a determinados cargos públicos.
La propuesta presidencial no plantea eliminar la posibilidad de que las personas mexicanas tengan doble nacionalidad. De acuerdo con la explicación oficial presentada por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, el objetivo es establecer que, para solicitar el registro como candidata o candidato a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno, quien tenga otra nacionalidad deba renunciar a ella previamente.
En ese sentido, Bravo respaldó la iniciativa bajo la premisa de que quienes reciban la responsabilidad de gobernar deben tener una sola referencia de nacionalidad.
“Una sola bandera. Una sola lealtad: México”, expresó la legisladora.
Su posicionamiento ocurre mientras el Congreso de la Unión analiza una reforma que busca modificar las reglas constitucionales relacionadas con la nacionalidad de quienes ocupen los principales cargos ejecutivos del país.
¿Qué propone la iniciativa de Sheinbaum?
La reforma planteada por la presidenta Claudia Sheinbaum busca incorporar expresamente en la Constitución el supuesto de las personas que ya cuentan con otra nacionalidad, algo que, de acuerdo con la explicación ofrecida por la Consejería Jurídica, actualmente genera un espacio de interpretación.
La propuesta establece que para ocupar la Presidencia se deberá ser ciudadano mexicano por nacimiento y, en caso de contar con otra nacionalidad, renunciar a ella antes de solicitar el registro como candidata o candidato. El mismo principio se plantea para las gubernaturas y para la titularidad de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Además, el proyecto contempla que durante el ejercicio del cargo la persona titular del Ejecutivo no pueda adquirir o solicitar otra nacionalidad, invocar ante autoridades extranjeras una nacionalidad distinta de la mexicana, utilizar pasaportes o documentos de identidad extranjeros, ejercer derechos políticos derivados de otra ciudadanía ni acogerse a protección diplomática de otro Estado.
La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria el 1 de septiembre de 2026 y quedó registrada como una reforma constitucional en materia de nacionalidad única para el ejercicio de las titularidades de los poderes ejecutivos federal y locales.
“No se trata de limitar derechos”, plantea el debate
Uno de los puntos centrales de la discusión consiste precisamente en diferenciar entre la conservación de derechos de nacionalidad y las condiciones constitucionales para ejercer determinados cargos.
La propia presidenta Sheinbaum ha insistido en que las personas mexicanas pueden mantener dos o incluso más nacionalidades. El planteamiento cambia cuando una persona pretende convertirse en titular del Poder Ejecutivo.
Durante su conferencia del 27 de agosto, la mandataria explicó que una persona con doble nacionalidad que quiera ser gobernadora o gobernador tendría que renunciar a la otra nacionalidad antes de registrarse como candidata o candidato.
La presidenta también ha señalado que la reforma busca garantizar que el interés nacional sea el criterio central de quienes ejerzan estas responsabilidades. Esa es la justificación política y constitucional que acompaña la propuesta enviada al Congreso.
El debate también tiene un antecedente jurídico relevante. El artículo 32 constitucional establece reglas especiales para los cargos y funciones que requieren ser mexicano por nacimiento. La legislación vigente contempla mecanismos para que mexicanos por nacimiento con otra nacionalidad puedan acreditar la nacionalidad mexicana para determinados cargos, mediante los procedimientos correspondientes.
La nueva iniciativa pretende modificar ese marco para hacer explícita la obligación de renunciar a la otra nacionalidad antes del registro de una candidatura a los cargos señalados.
Xóchitl Bravo y su posición sobre soberanía nacional
El posicionamiento de Xóchitl Bravo se inserta también en una línea que la legisladora ha sostenido previamente alrededor de la defensa de la soberanía y la no intervención.
En noviembre de 2024, desde el Congreso de la Ciudad de México, Bravo acompañó un posicionamiento relacionado con la independencia, soberanía nacional y política exterior de México frente a declaraciones del entonces presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.
Más recientemente, Bravo asumió la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de la Ciudad de México para el último año de la actual Legislatura. Su llegada a este órgano legislativo se formalizó el 1 de septiembre de 2026.
Desde esa responsabilidad, la legisladora ha planteado que el Congreso capitalino debe conducirse mediante acuerdos, diálogo y respeto a las normas, al tiempo que mantiene la conducción del grupo parlamentario de Morena en el órgano legislativo local.
Su respaldo a la reforma de nacionalidad única coloca ahora a la legisladora en el debate nacional sobre los requisitos que deben cumplir quienes pretendan encabezar los gobiernos federal y estatales.
Una reforma que abre debate constitucional
La propuesta de nacionalidad única todavía forma parte del proceso legislativo. Su eventual entrada en vigor dependerá de la discusión y aprobación conforme al procedimiento establecido para las reformas constitucionales.
De aprobarse, también se prevén modificaciones a la Ley de Nacionalidad para establecer los procedimientos mediante los cuales una persona con doble nacionalidad pueda formalizar su renuncia a la nacionalidad extranjera. La Consejería Jurídica explicó que estos mecanismos tendrían que coordinarse con las autoridades correspondientes antes del registro de una candidatura.
Para Xóchitl Bravo, el punto central está en separar dos discusiones: el derecho individual a contar con más de una nacionalidad y la responsabilidad institucional de quienes aspiren a ejercer el poder Ejecutivo.
Su mensaje resume la posición que decidió asumir frente a la iniciativa presidencial: la doble nacionalidad puede mantenerse como un derecho de las personas, mientras que para quienes busquen gobernar México se plantea una condición adicional de nacionalidad única.
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Así, el debate sobre la reforma constitucional queda colocado entre dos conceptos que seguirán en el centro de la discusión legislativa: los derechos de nacionalidad y las responsabilidades vinculadas con el ejercicio del poder público.
Mientras el Congreso procesa la iniciativa, Xóchitl Bravo mantiene una postura definida a favor de establecer una sola nacionalidad para quienes aspiren a ocupar los principales cargos ejecutivos del país y la Ciudad de México, bajo el argumento de que la responsabilidad de gobernar debe estar vinculada exclusivamente con México.
