El debate sobre el futuro de Yum Balam y el norte de Quintana Roo pone sobre la mesa una de las asignaturas pendientes más profundas de la política ambiental en México: la histórica invisibilización de las comunidades ejidales.
Durante décadas, los pueblos originarios fueron relegados a simples espectadores de las decisiones gubernamentales o, en el mejor de los casos, a destinatarios pasivos de planes diseñados a cientos de kilómetros de distancia.
En la actual etapa de transformación que vive el país, resulta indispensable que las autoridades ambientales rompan con esa inercia centralista y coloquen, de una vez por todas, a los verdaderos guardianes ancestrales en el corazón de la toma de decisiones sobre su propia tierra.
Al revisar el termómetro de la opinión pública en los espacios digitales de Círculo Político, queda claro que este reclamo no proviene de cúpulas políticas, sino del sentido común de la propia ciudadanía. En la caja de comentarios, lectores cotidianos como Miguel Aguilar expresan con mucha naturalidad que el desarrollo sostenible carece de lógica si no prioriza el bienestar de quienes resguardan el ecosistema.
En esa misma línea, usuarias como Juanita Cruz y María de Toral coinciden, desde su experiencia como observadoras de la realidad regional, en que el aprovechamiento de la riqueza debe comenzar y quedarse con su propia gente. Estas voces reflejan una demanda genuina de confianza y corresponsabilidad que las instituciones no pueden seguir postergando.
El desafío urgente para la región exige transitar hacia un modelo donde la organización ejidal sea reconocida como la aliada estratégica más importante para la protección de la naturaleza. Esto implica abrir los canales necesarios para que las comunidades decidan de manera soberana sobre sus recursos, impulsando alternativas sustentables de bajo impacto y alto valor comunitario que generen arraigo e ingresos justos sin caer en la depredación.
Seguir pensando que la política ecológica debe dictarse desde un escritorio, ignorando el conocimiento que los pueblos han construido por generaciones, significa perpetuar el olvido que los ejidos han sufrido históricamente y que la 4T tiene la oportunidad y la obligación de revertir.
Yum Balam tiene las condiciones ideales para convertirse en el gran referente de una verdadera justicia territorial, siempre y cuando el Estado asuma que la conservación más sólida es la que se construye desde abajo.
Romper con el viejo paradigma de la exclusión y sustituirlo por una política de respeto pleno a la propiedad social es la única vía real para salvaguardar el patrimonio natural de Quintana Roo.
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El momento político exige escuchar el llamado de la plaza pública digital; apostar por el futuro del territorio requiere, necesariamente, saldar la deuda histórica con sus legítimos protectores: los ejidos.
