La discusión sobre la Península de Holbox y el futuro de Yum Balam dejó de ser monopolio de las oficinas gubernamentales; hoy se libra abierta y democráticamente en el espacio sociodigital. Al revisar las interacciones en nuestra redes de Círculo Político, salta a la vista un fenómeno revelador: Hay un consenso ciudadano bien marcado que apoya proyectos con beneficios para la comunidad, que siempre incluyan conservación ambiental y a los dueños originarios de la tierra, como son las comunidades y pueblos originarios.
La crítica al conservacionismo de aparador es directa y desprovista de eufemismos. Basta leer al usuario Mario Kumul, quien desmonta décadas de decretos verticales con una precisión histórica innegable: "primero fue ejido". Esa primacía sobre el territorio es la piedra angular de cualquier esquema de justicia ambiental.
El ciudadano Francisco Torralba sigue la misma línea argumentativa al señalar la lógica elemental de que quienes siempre han habitado el lugar deben ser los primeros beneficiados; una postura que choca de frente con las políticas que históricamente privatizaron los dividendos de la naturaleza mientras socializaban la marginación.
El hartazgo frente a la ineficacia institucional que heredaron los gobiernos neoliberales se palpa en los comentarios. Roberto Herrera Santana expone que las familias de la zona siguen esperando una vida digna, mientras que desde el centro solo llegan "palabras de escritorio". Su llamado a la consciencia maya y a los usos y costumbres exige la implementación de proyectos integrales.
El reclamo de prosperidad compartida es traducido en términos económicos concretos por Edgar CA, quien argumenta que si las tierras ejidales funcionan como el pulmón del planeta, la riqueza derivada de esa conservación debe retribuirse a las comunidades para mitigar sus carencias estructurales.
Lejos de oponerse al cuidado del ecosistema, la ciudadanía está proponiendo un modelo de aprovechamiento verdaderamente sustentable. Ria Herrera sugiere una planeación que integre los beneficios en el territorio sin perder la vocación ecológica, una exigencia que Lina Margarita Pinto Silva resume como un acto de estricto derecho.
La ruta para institucionalizar ese mandato popular la traza Irma Oxte, quien pone el balón en la cancha del poder legislativo al exigir leyes que garanticen que los ejidos dueños de las áreas protegidas sean los beneficiarios directos.
La lectura política de esta respuesta social es clara. Las y los quintanarroenses entienden que el viejo modelo neoliberal verde, aquel que dicta prohibiciones desde la comodidad de una capital, está agotado.
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La verdadera soberanía ambiental es aquella alineada con la transformación de la vida pública del país, requiere devolverle el poder a los ejidatarios y reconocer que nadie protegerá mejor el ecosistema que quienes lo han habitado y defendido por generaciones.
