México posee una de las mayores riquezas naturales del planeta y las Áreas Naturales Protegidas son una pieza central para resguardar ese patrimonio. Existen 232 ANP federales que abarcan cerca de 98 millones de hectáreas. Que la Cuarta Transformación destine recursos para su conservación refleja una decisión de Estado acorde con un proyecto de nación que reconoce el valor de nuestros ecosistemas. Pero la dimensión territorial obliga a ampliar la mirada. La protección ambiental necesita llegar a quienes habitan esas regiones y convertir a las comunidades en protagonistas de la soberanía ambiental.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 contempla mil 591 millones de pesos para la CONANP. El momento legislativo abre una discusión necesaria. El Congreso de la Unión puede analizar un mayor fortalecimiento presupuestal para las ANP y, al mismo tiempo, construir mecanismos de inversión dirigidos a las comunidades que viven en ellas y sus alrededores. La transformación ambiental pasa por llevar recursos, programas sociales, capacitación y alternativas productivas hasta el territorio.
Yum Balam permite entender por qué. Sus ecosistemas forman parte de un patrimonio biocultural extraordinario y su territorio tiene una presencia importante de propiedad social. Los ejidos y comunidades poseen conocimiento acumulado, derechos sobre la tierra y una relación cotidiana con los ecosistemas. Incorporarlos a la conservación es esencial. Deben recibir herramientas para participar en su vigilancia, restauración y manejo.
También significa abrir caminos económicos legales. Las propiedades ubicadas fuera de las zonas de protección estricta pueden desarrollar proyectos sustentables de baja densidad, compatibles con la capacidad de carga del territorio. Turismo comunitario, actividades productivas ordenadas y esquemas de conservación con beneficios locales pueden generar ingresos y fortalecer el arraigo.
Esta visión rompe con el viejo modelo neoliberal prianista, que tendió a separar la política ambiental de la vida económica de las comunidades. La 4T puede profundizar una ruta distinta, donde la justicia territorial acompañe la conservación y donde la prosperidad compartida alcance también a quienes viven junto a los ecosistemas que el país decidió preservar.
Por eso el debate presupuestal importa. Cada peso destinado a una ANP debe multiplicar su efecto mediante comunidades capacitadas, vigilancia cercana, restauración y desarrollo sustentable. Cuando existen alternativas dignas, la tala, la caza furtiva y la pesca ilegal dejan de ser algunas de las pocas salidas disponibles para sobrevivir.
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Yum Balam necesita precisamente esa visión. Conservar el territorio, fortalecer a sus comunidades y generar bienestar desde lo local no son políticas separadas. Deben ser la base de la política ambiental para Quintana Roo.
