Los campamentos improvisados donde pescadores furtivos permanecen durante todo el año en distintos puntos de la zona continental de Isla Mujeres están contaminando dunas, manglares y pastos marinos. El caso expone una realidad que Quintana Roo ya no puede ignorar. Proteger un territorio sin generar desarrollo para quienes viven de él deja espacios para economías irregulares y termina convirtiendo la riqueza natural en objeto de disputa.
Al menos 20 pescadores furtivos permanecen en estos campamentos y se estima que generan alrededor de una tonelada anual de residuos humanos. Sin sistemas sanitarios adecuados, sus asentamientos trasladan la presión de una actividad ilegal hacia ecosistemas particularmente frágiles. La dimensión ambiental del problema es evidente, pero también lo es su dimensión territorial y económica.
La pregunta de fondo es quién participa en las decisiones sobre la riqueza de esos territorios y quién se beneficia de ella. Ahí se encuentra una de las rupturas que plantea la Cuarta Transformación frente al viejo modelo neoliberal prianista. El desarrollo sustentable no puede reducirse a mantener la lógica del pasado de solo declarar áreas protegidas mientras las comunidades permanecen al margen de las oportunidades que genera el territorio. La justicia territorial implica que conservación, bienestar y prosperidad compartida formen parte de una misma política pública.
Esa discusión alcanza directamente a Yum Balam. La reserva concentra una riqueza ambiental extraordinaria y una extensa propiedad social, donde ejidos y comunidades mantienen una relación histórica con el territorio. Si conservar genera valor, los beneficios de esa conservación no pueden terminar lejos de quienes sostienen cotidianamente el territorio. La participación ejidal, por tanto, no es un asunto accesorio ni una concesión administrativa. Es parte de la gobernanza de un patrimonio que tiene dimensiones ambientales, sociales y económicas.
Por eso resulta relevante el proceso que atraviesa actualmente el Consejo Asesor de Yum Balam. Se acordó revisar su integración, actualizar sus reglas internas y analizar el Programa de Manejo, mientras los ejidos han comenzado a solicitar mayor representación. Lo que está en juego es mucho más que la integración de un órgano consultivo. Es definir quién tendrá voz cuando se decida cómo conservar, cómo aprovechar y cómo distribuir las oportunidades económicas de la reserva.
Ahí se marca una diferencia profunda con el viejo modelo neoliberal prianista. Durante años se podía proteger el territorio desde las instituciones mientras las comunidades quedaban lejos de las decisiones y de los beneficios. La transformación busca cambiar esa relación de poder y reconocer a la propiedad social como parte activa de la solución. El territorio no puede generar prosperidad para quienes llegan a explotarlo y restricciones para quienes han permanecido en él.
Yum Balam necesita vigilancia, saneamiento y restauración, pero también una economía territorial que haga compatible el ingreso comunitario con la protección de los ecosistemas. Pesca ordenada, turismo de bajo impacto y proyectos productivos sustentables pueden formar parte de esa ruta.
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Si los ejidos no tienen un lugar real en las decisiones, el territorio seguirá siendo disputado por quienes buscan extraer su valor sin asumir su responsabilidad. Si participan y encuentran alternativas económicas dentro de la legalidad, pueden convertirse en protagonistas de su conservación. De esa decisión dependerá qué tipo de desarrollo tendrá la región y quién se beneficiará de su riqueza.
